Miles de personas se movilizaron este miércoles en distintos puntos del país para reclamar la declaración de la Emergencia Nacional en Discapacidad. La principal concentración se dio frente al Congreso Nacional, donde organizaciones, profesionales, familias y personas con discapacidad exigieron el tratamiento urgente de una ley que atienda la crisis del sector.

El proyecto será tratado el próximo miércoles 4 de junio en la Cámara de Diputados. Entre los reclamos se encuentran la quita de pensiones no contributivas, la falta de cobertura en prestaciones y medicamentos, el incumplimiento del cupo laboral del 4% y la ausencia de actualización en los aranceles de los prestadores.

La presidenta de la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa (CASAIE), Elizabeth Karina Foschi, advirtió que “por primera vez en 23 años” debieron suspender actividades por falta de recursos. Según detalló, los profesionales están cobrando hasta un 73% por debajo de la inflación. En ese marco, denunció que los apoyos educativos perciben $307.000 por jornadas laborales que van de cuatro a cinco horas diarias durante cinco días a la semana.

Malena Amarilla, psicóloga y fundadora del equipo terapéutico AmaRed, señaló que actualmente las sesiones se pagan a $12.370 por el nomenclador nacional: “La verdad que es una miseria”. Desde el sector reclaman que el monto no se actualiza en sintonía con la inflación, mientras crecen las deudas del Estado y las obras sociales.

Las protestas se replicaron en al menos 13 provincias, incluyendo Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Mendoza y Santa Fe. La iniciativa legislativa cuenta con el respaldo de 13 diputados de distintos bloques, entre ellos Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica. También se sumaría el Frente de Izquierda, lo que podría garantizar mayoría en el recinto.

La ley propuesta busca fijar un presupuesto específico para actualizar los aranceles del sistema de prestaciones básicas, atender las necesidades de trabajadores con discapacidad en talleres protegidos —que perciben $28.000 desde febrero de 2023— y acelerar el proceso de otorgamiento de pensiones. En los últimos 14 meses se aprobaron apenas 586 sobre 500.000 solicitudes.