7 diciembre, 2025
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Buenos Aires

EL JURY CONTRA LA JUEZA MAKINTACH SE FRENA: PIDEN UNIFICAR LAS ACUSACIONES

El juicio político contra la jueza Julieta Makintach por haber grabado sin autorización el documental “Justicia Divina”, centrado en el juicio por la muerte de Diego Maradona, pasó a un cuarto intermedio luego de que la defensa solicitara unificar las acusaciones en su contra. La decisión quedó en manos de la presidenta del jurado, quien deberá resolver si acepta el planteo.

La audiencia, realizada en el anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, marca el comienzo de un proceso clave que podría derivar en la destitución de la magistrada, actualmente suspendida y bajo investigación penal. Makintach fue acusada de parcialidad y de haber permitido la filmación del documental en pleno juicio, sin autorización oficial.

El abogado defensor Darío Saldaño cuestionó la velocidad del procedimiento y advirtió sobre un “proceso apresurado”. Además, sostuvo que la acusación tiene “consideraciones morales ajenas a la ley” y que en el jury “confluyen intereses políticos y económicos”.

Entre los testigos convocados por la acusación figuran los familiares de Maradona, el fiscal del caso Patricio Ferrari, tres policías que habrían permitido el ingreso de las cámaras al tribunal, y el realizador audiovisual Jorge Ignacio Huarte. Por la defensa, fueron citados exalumnos de la jueza y representantes de la productora Ladoblea S.A., encargada del documental.

En paralelo, Makintach enfrenta una causa penal en la que está imputada por cohecho pasivo, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y violación de los deberes de funcionaria pública. También están involucrados José María Arnal Ponti, dueño de la productora, el guionista Juan Manuel “Chavo” D’Emilio y María Lía Vidal Alemán, señalada como impulsora del proyecto audiovisual.

Si el jury decide destituir a la jueza, el proceso penal continuará; en caso contrario, si resulta absuelta, la causa judicial podría archivarse. Actualmente, Makintach cobra solo el 40% de su salario, según lo dispuesto por la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia.