La situación de Lorena Villaverde volvió a encender tensiones en el Congreso luego de que la Comisión de Asuntos Constitucionales rechazara su pliego, dejando su eventual asunción como senadora supeditada a lo que ocurra el 28 de noviembre, cuando el nuevo Senado vote en el recinto. La resolución se produjo después de semanas de cuestionamientos y pedidos de expulsión por parte de sectores opositores.

El dictamen de mayoría —impulsado por el peronismo y acompañado por Alejandra Vigo, Pablo Blanco y Juan Carlos Romero— avaló al resto de los senadores electos, pero dejó afuera a Villaverde. En ese mismo documento también fueron incluidos Martín Soria y Jorge Capitanich, pese a las impugnaciones presentadas por La Libertad Avanza, que acusó al bloque opositor de “disciplinamiento político”.

El oficialismo respondió con un dictamen propio, elaborado en conjunto con el PRO, en el que defiende la legitimidad del diploma de Villaverde. Ese sector, sin embargo, decidió no acompañar a Soria ni a Capitanich, lo que agrega un nuevo elemento al clima de polarización que atraviesa la Cámara alta.

Todo quedará finalmente en manos de la nueva composición del Senado, que asumirá el 28 de noviembre en la sesión preparatoria. Ese día, los legisladores votarán a mano alzada si Villaverde puede ocupar su banca por Río Negro. Con un peronismo que contará con 28 senadores y un oficialismo con 20, serán determinantes los votos de la UCR, el PRO y los bloques provinciales, cuyo posicionamiento aún no fue confirmado.

Paralelamente, la presión política se intensificó en Diputados, donde el diputado Facundo Manes pidió la expulsión de Villaverde tras las acusaciones judiciales que la vinculan con presunto tráfico de cocaína. En redes sociales, el legislador anunció que presentará un proyecto de exclusión y exigió su renuncia a la candidatura al Senado. “No podemos permitir que la narcopolítica avance en Argentina”, expresó en un mensaje que reavivó el debate sobre la influencia del narcotráfico en las estructuras políticas.

La discusión en torno a Villaverde se convirtió así en uno de los focos más sensibles del cierre legislativo del año, en un escenario donde confluyen denuncias judiciales, internas partidarias y la definición de poder dentro del Senado.