La discusión por la privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) volvió a intensificarse luego de que el concejal de Exaltación de la Cruz, Fernando Martínez, presentara un nuevo amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Campana. Se trata del segundo recurso judicial destinado a frenar la venta del 44% de la compañía.

El planteo sostiene la inconstitucionalidad del Decreto 695/2025, argumentando que la privatización de NA-SA pone en riesgo la soberanía energética y contradice el rol estratégico que cumple la empresa estatal, responsable de operar las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse.

En medio del debate impulsado por el Gobierno de Javier Milei, el amparo remarca que NA-SA es una empresa rentable, ya que en el primer trimestre del año obtuvo 17 millones de dólares en ganancias, lo que contradice la premisa oficial de vender compañías estatales deficitarias.

El documento judicial afirma: “Privatizar una empresa eficiente y segura no tiene justificación técnica ni económica”, y solicita una medida cautelar para detener cualquier licitación, transferencia u oferta de acciones hasta que se resuelvan los recursos presentados.

El primer amparo había sido impulsado por la diputada de Unión por la Patria, Gabriela Estévez, quien pidió la nulidad del decreto presidencial y de la Resolución 1751/2025 del Ministerio de Economía. Esa presentación está siendo evaluada por el juzgado federal N.º 3 de Córdoba, a cargo de Hugo Vaca Narvaja.

El nuevo escrito también advierte sobre el impacto de una posible privatización parcial, alertando sobre eventuales aumentos tarifarios y un desfinanciamiento del sector nuclear, al señalar que “los usuarios pierden protección frente a intereses que priorizan rentabilidad sobre servicio”.