La administración de Javier Milei anunció que llamará a licitación para concesionar por 25 años el predio de Villa Martelli, que arrastra una deuda millonaria y será gestionado bajo un esquema público-privado.

El Gobierno nacional anunció que avanzará con la licitación para concesionar Tecnópolis, en lo que definió como un caso testigo de su política de reducción del costo del Estado. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se enmarca en el programa de racionalización del gasto público impulsado por la gestión de Javier Milei.

La decisión se instrumentará a través del Concurso Público Nacional N° 392-0006-CPU25, lanzado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y prevé otorgar la explotación del predio por un período de 25 años, con posibilidad de prórroga. Según informó la Secretaría de Cultura de la Nación, Tecnópolis se había convertido en uno de los activos más deficitarios del Estado, con altos costos de mantenimiento, baja utilización y un marcado deterioro de su infraestructura.

De acuerdo con datos oficiales, el predio de Villa Martelli —que supera los 509 mil metros cuadrados— acumulaba una deuda superior a los $4.813 millones. A ello se sumaba la falta de equipamiento valuado en $554 millones, con una denuncia judicial en trámite, además de la necesidad de cubrir de forma permanente gastos de mantenimiento con recursos del Tesoro.

Desde diciembre de 2023, el Gobierno inició un proceso de ordenamiento que incluyó una reducción de más del 30% del personal, que pasó de 333 a 198 empleados, y la implementación de un esquema de gestión público-privado. Según cifras oficiales, ese cambio permitió revertir el flujo financiero del predio: en 2024 Tecnópolis generó ingresos por $600 millones y en 2025 alcanzó los $2.429 millones, con una proyección de $2.749 millones al cierre del año.

El Ejecutivo sostiene que más de 500 mil personas participaron de las actividades realizadas bajo este nuevo modelo y remarca que la reducción del gasto no implicó el cierre ni el vaciamiento del espacio. Con la licitación, el Gobierno busca consolidar ese rumbo y dejar de financiar un activo deficitario para pasar a percibir ingresos regulares.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un canon mensual inicial de $611 millones que deberá abonar el concesionario, además de la obligación de contratar un seguro contra incendios por $60.000 millones para proteger el patrimonio estatal. El pliego establece que el predio deberá mantener su uso recreativo, cultural, educativo y comunitario, al tiempo que habilita inversiones privadas para garantizar su funcionamiento anual y el desarrollo de infraestructura.

El concesionario tomará el control del predio a partir del 1 de julio de 2026 y deberá respetar los acuerdos de programación ya comprometidos. Todo el proceso se realizará a través del sistema electrónico COMPR.AR, que el Gobierno señala como garantía de transparencia y competencia.