La Comisión Provincial por la Memoria denunció decisiones del Gobierno nacional y fallos judiciales que, según advierte, debilitan políticas históricas de derechos humanos y favorecen escenarios de impunidad.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) emitió un duro comunicado en el que alertó sobre lo que considera un avance del negacionismo y la impunidad en la Argentina, a partir de recientes medidas del Gobierno nacional y resoluciones judiciales que afectan las políticas de memoria, verdad y justicia construidas desde la recuperación democrática.

Según el organismo, durante el último mes se profundizó un proceso de desmantelamiento de espacios y herramientas estatales clave para la preservación de la memoria histórica. Entre las principales preocupaciones, la CPM mencionó el cierre de espacios de memoria dependientes del Estado nacional, el debilitamiento del Archivo Nacional de la Memoria y el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, medidas que calificó como señales concretas de retroceso institucional.

El comunicado también advierte sobre amenazas administrativas que ponen en riesgo la conservación de archivos públicos vinculados al terrorismo de Estado, así como la designación de un militar en actividad al frente del Ministerio de Defensa. A esto se suma, según la CPM, la continuidad de programas de formación que difunden interpretaciones históricas que reivindican la llamada “lucha contra la subversión”, una visión que el organismo considera incompatible con los hechos probados en más de 300 sentencias por crímenes de lesa humanidad dictadas en todo el país.

En ese marco, la Comisión sostuvo que estas acciones contribuyen a negar o minimizar el genocidio ocurrido entre 1974 y el final de la dictadura cívico-militar, banalizando la gravedad de los delitos cometidos y debilitando el consenso democrático construido en torno a los derechos humanos.

Además, la CPM cuestionó recientes fallos judiciales que, a su entender, favorecen la impunidad, como las absoluciones dictadas en las causas conocidas como La Huerta y El Villazo. También expresó su preocupación por una decisión de la Corte Suprema en la causa Castillo, que modificó el criterio sobre la prisión preventiva en juicios por delitos de lesa humanidad, lo que derivó en numerosos pedidos de excarcelación.

El organismo remarcó que esta resolución contrasta con la falta de respuestas del máximo tribunal a los reiterados reclamos para agilizar los juicios, cuando aún existen más de 50 causas pendientes de inicio del debate oral en todo el país.

Finalmente, la Comisión Provincial por la Memoria manifestó su rechazo a todas las políticas públicas y decisiones judiciales que contradigan el mandato constitucional de investigar, juzgar y sancionar los crímenes contra la humanidad, reparar a las víctimas y garantizar que hechos de esta magnitud no vuelvan a repetirse.