Aliados del oficialismo detectaron un fuerte recorte en educación y ciencia incluido en el artículo 30 del Presupuesto. Si el Senado lo modifica, el proyecto volvería a Diputados y no habría margen para aprobarlo antes de fin de año, un escenario que remite a la crisis de 2001.

El Gobierno de Javier Milei atraviesa horas de máxima tensión ante la posibilidad concreta de no lograr la sanción del Presupuesto antes de fin de año, como establece la ley. La alarma se encendió luego de que senadores radicales y otros aliados advirtieran que el artículo 30 del proyecto incluye un ajuste profundo sobre el sistema educativo y científico.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo había logrado eliminar el artículo 75 —que derogaba las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad—, pero el artículo 30 fue aprobado sin cambios. Ese punto contempla la eliminación de metas históricas de inversión, como el financiamiento del 6% del PBI para educación y del 1% para ciencia y tecnología, además de recortes en educación técnica y fondos vinculados a Defensa.

Ahora, varios senadores aliados evalúan introducir modificaciones. Si eso ocurre, el Presupuesto debería regresar a Diputados para una nueva votación entre el 29 y el 30 de diciembre. En el oficialismo reconocen que el escenario es crítico: muchos diputados ya se encuentran licenciados o fuera del país por las fiestas, lo que pone en duda la posibilidad de reunir el quórum necesario.

A esta dificultad se suma la logística para la sesión prevista en el Senado este viernes 26 de diciembre. Legisladores de distintos bloques admitieron problemas para conseguir vuelos en plena Navidad, lo que agrega incertidumbre al desenlace parlamentario.

La urgencia oficial responde a un dato clave: por ley, el Presupuesto debe sancionarse en el año previo a su ejecución. Frente al riesgo de incumplir ese requisito, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ordenó revisar antecedentes históricos y encontró un único caso similar: el Presupuesto de 2002, aprobado recién en marzo bajo la presidencia provisional de Eduardo Duhalde, tras el colapso institucional de 2001.

En el Gobierno ya manejan dos fechas tentativas para una eventual sesión de emergencia en Diputados, si el Senado introduce cambios: el 30 de diciembre o incluso el Día de Reyes. La necesidad es desesperada. El Presupuesto habilita autorizaciones clave para tomar deuda y consolida la derogación del “candado” a los canjes de deuda, una herramienta central para el ministro de Economía Luis Caputo frente a vencimientos por más de USD 14.000 millones en 2026.

En este contexto, la ministra y jefa política del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, intenta asegurar contrarreloj los 37 votos necesarios para sancionar el Presupuesto sin modificaciones. Sin embargo, ni siquiera el jefe del bloque peronista, José Mayans, arriesga un pronóstico claro sobre el resultado.

Dentro del peronismo no alineado, el bloque Convicción Federal, liderado por Fernando Salino, comenzó a coordinar una estrategia junto a otros senadores para avanzar sobre cambios en el artículo 30. La tensión refleja un dilema compartido por la oposición: responder a los reclamos de gobernadores y docentes frente al ajuste, sin quedar atrapados en una votación “a libro cerrado” que obligue a aprobar todo o rechazar todo.

El artículo 30 forma parte del Capítulo II, dedicado a los gastos, y funciona como una “mamushka” legislativa: incluye tanto el recorte educativo como otros ítems sensibles, entre ellos préstamos del BID para las provincias y aumentos moderados para universidades, que ya fueron rechazados por los rectores por existir una ley vigente y cautelares judiciales que la respaldan.

En la UCR, el clima es de incomodidad. El jefe del bloque en el Senado, Eduardo Vischi, convocó a una reunión previa a la sesión del viernes para definir postura, en medio del malestar del gobernador correntino Gustavo Valdés con la Casa Rosada por conflictos recientes.

El escenario es tan extremo que revive fantasmas del pasado. Además del antecedente de 2002, otros gobiernos —como los de Cristina Fernández de Kirchner en 2009 y Alberto Fernández en 2021— se quedaron sin Presupuesto y optaron por la prórroga. Milei ya utilizó ese mecanismo en 2024 y 2025, pero ahora enfrenta un Congreso más fragmentado y una resistencia creciente al ajuste en educación.

Con el reloj corriendo y los votos en duda, el oficialismo se enfrenta a un cierre de año cargado de incertidumbre política y parlamentaria.