El CELS, Amnistía Internacional y más de 20 organizaciones advierten que la reforma impulsada por Javier Milei es inconstitucional y pone en riesgo derechos básicos como la privacidad y la libertad de expresión.

Las críticas al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, con el que el gobierno de Javier Milei reformó el sistema de inteligencia, escalarán en las próximas horas al plano internacional. Más de 20 organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil preparan denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y distintas relatorías de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al advertir que la norma habilita un esquema de vigilancia masiva que amenaza derechos fundamentales.

El decreto fue firmado el 31 de diciembre, pocas horas después del cierre de las sesiones extraordinarias del Congreso y en medio de los festejos de fin de año. Desde entonces, recibió fuertes cuestionamientos en los ámbitos político, judicial y social.

Las organizaciones calificaron al DNU como “manifiestamente inconstitucional” y señalaron que la administración de La Libertad Avanza avanza sobre consensos democráticos básicos. “Al habilitar herramientas para vigilar, perseguir y detener, es una señal directa hacia quienes defendemos derechos, territorios y democracia”, afirmaron en un documento conjunto.

Entre las entidades firmantes se encuentran Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fundación Vía Libre, INECIP, CAREF, ANDHES, Fundación Huésped y Greenpeace, entre otras.

La estrategia de los organismos es múltiple. En el plano judicial, el CELS ya presentó un amparo colectivo, al que podrían sumarse nuevas acciones. En el Congreso, exigirán que se activen los mecanismos para rechazar el DNU y que se conforme la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) para controlar el accionar de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

“Los reclamos sociales deben tener una respuesta política, no solo judicial”, sostuvo Diego Morales, director de Litigio del CELS, quien remarcó la necesidad de que el Parlamento asuma un rol activo frente a la reforma.

En paralelo, las presentaciones internacionales estarán dirigidas a funcionarios clave de la CIDH y de la ONU, entre ellos el presidente del organismo interamericano, relatores sobre libertad de expresión, derecho a la reunión pacífica, detenciones arbitrarias y derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.

Desde Amnistía Internacional advirtieron que el Gobierno presenta el decreto como una mera reforma administrativa, cuando en realidad implica un serio retroceso en materia de garantías democráticas. “No solo preocupa la falta de debate parlamentario, sino el debilitamiento de los controles y la ampliación extrema del secreto”, explicó Paola García Rey, directora adjunta de la organización.

Entre los puntos más cuestionados del DNU 941 se destacan la obligación de más de quince organismos públicos de compartir datos personales con la SIDE, la ausencia de control ciudadano, la habilitación de actividades encubiertas, la facultad inédita de la SIDE para detener personas, la posible participación de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia interna y la reaparición de la noción de “enemigo interno”.

Actualmente existen al menos cinco amparos judiciales contra el decreto. En las próximas horas se definirá si la fiscalía considera que el tema debe tratarse durante la feria judicial. Mientras tanto, el Gobierno defendió la medida mediante comunicados oficiales y adelantó que enviará una reforma más amplia al Congreso.