El senador Martín Goerling, a cargo de la Bicameral de Inteligencia, expresó reparos sobre el decreto que amplía las atribuciones de la SIDE y reclamó conocer los protocolos de aplicación. Las dudas del macrismo se agregan al rechazo opositor.

El DNU que modificó la Ley de Inteligencia Nacional y amplió las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) continúa acumulando cuestionamientos y ahora también enfrenta reparos dentro del PRO, principal aliado parlamentario del Gobierno. El senador macrista Martín Goerling, actual titular transitorio de la Comisión Bicameral de Inteligencia, puso en duda el decreto y reclamó que el organismo explique bajo qué protocolos aplicará la norma.

“Estamos esperando que nos muestren los protocolos de esa norma, porque de eso dependen varios aspectos. Por ejemplo, el tema de las detenciones, que es lo que más ruido genera”, afirmó Goerling en referencia al DNU 941/2025, dictado durante el receso parlamentario.

El senador quedó al frente de la Bicameral luego de la salida de Martín Lousteau, Leopoldo Moreau y Oscar Parrilli, y actualmente conduce una comisión reducida a apenas cuatro integrantes, a la espera de que se designen nuevas autoridades. Desde la oposición reclaman que ese cuerpo y la Comisión de Trámite Legislativo se reconstituyan de inmediato para analizar el decreto, algo que el oficialismo busca postergar hasta marzo, con el inicio de las sesiones ordinarias.

En declaraciones radiales, Goerling recordó que la Bicameral de Inteligencia es una comisión permanente y sostuvo que debería estar funcionando aun fuera del período de sesiones. “Es un decreto que se dictó durante el receso y no pudimos convocar a las autoridades de la SIDE para discutirlo, pese a la tremenda importancia que tiene”, señaló, y aclaró que el respaldo del PRO no está garantizado hasta que se aclaren las dudas sobre su implementación.

Las objeciones del macrismo se suman al rechazo explícito de distintos bloques opositores. Unión por la Patria impulsó reuniones con organizaciones sociales y de derechos humanos, como el CELS y Amnistía Internacional, que presentaron amparos judiciales contra el decreto. Aunque la Justicia no habilitó la feria para tratarlos, la discusión volvió a centrarse en el Congreso.

“No hay necesidad y urgencia. Estos temas deben tratarse a partir de proyectos debatidos en profundidad”, sostuvo el jefe del bloque de UP, Germán Martínez. En paralelo, el interbloque Unidos también expresó su rechazo: el diputado socialista Esteban Paulón presentó un proyecto para derogar el DNU y trabaja para convocar a una sesión especial en febrero.

Según los cálculos opositores, con el apoyo de Unión por la Patria, Unidos, la izquierda y algunos legisladores independientes, estarían cerca de alcanzar el quórum necesario en Diputados. En la Casa Rosada confiaban en frenar la ofensiva en el Senado, pero las críticas del PRO introdujeron un nuevo factor de incertidumbre en el futuro del decreto.