La Asociación de Abogados Laboralistas y el Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo advirtieron que el proyecto recorta el derecho de huelga, debilita a los sindicatos y vulnera la Constitución y los convenios internacionales. Se declararon en “alerta permanente”.

A días de que la reforma laboral llegue al recinto del Senado, abogados y abogadas especializados en derecho del trabajo endurecieron su postura contra el proyecto del Gobierno nacional y reclamaron su rechazo total. La Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), junto al Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y la Justicia Social, calificó la iniciativa como “incompatible” con la Constitución y los tratados internacionales firmados por la Argentina.

El espacio, que nuclea además a las dos CTA, sindicatos y organizaciones académicas y de derechos humanos, difundió un documento en el que sostiene que el texto oficial no puede ser considerado una modernización del sistema laboral, sino un retroceso histórico en materia de derechos.

“Nada, absolutamente nada de los contenidos de este proyecto es admisible ni compatible con los convenios de la OIT y la Constitución Nacional”, remarcaron en el pronunciamiento, en referencia a la propuesta impulsada por el gobierno de Javier Milei, que ya cuenta con dictamen de mayoría y se debatirá el 11 de febrero.

Desde el Foro anticiparon que no acompañarán ningún artículo y que impulsarán acciones de resistencia en todo el país, además de gestiones ante gobernadores, legisladores y organismos internacionales. También se declararon en “estado de alerta permanente”.

Entre los principales cuestionamientos, señalaron que la reforma limita “de forma prácticamente prohibitiva” el derecho de huelga, reduce la capacidad de acción sindical y promueve sindicatos por empresa en detrimento de la negociación colectiva por actividad, lo que —advierten— fragmenta la representación de los trabajadores y debilita su poder de negociación.

El documento también alerta sobre la eliminación o reducción de indemnizaciones y sanciones ante incumplimientos laborales, lo que, según sostienen, podría profundizar la precarización y desalentar reclamos judiciales.

Guillermo Pérez Crespo, presidente de la AAL, aseguró que el Foro se conformó “ante el brutal ataque del poder económico y del Gobierno contra la clase trabajadora”, mientras que la secretaria general, Romina Stampone, afirmó que el proyecto “viola la Constitución y los compromisos internacionales” y pidió abrir un diálogo amplio para discutir cambios que fortalezcan —y no recorten— derechos.

Además, los laboralistas rechazaron la idea de que las leyes laborales sean responsables de la falta de empleo y negaron la existencia de una supuesta “industria del juicio”. También cuestionaron la creación de un Fondo de Asistencia Laboral financiado con menores contribuciones patronales, al advertir que podría desfinanciar el sistema previsional, y alertaron sobre reformas judiciales que debilitarían la justicia especializada del trabajo.

Para el Foro, el alcance del proyecto no deja margen para correcciones parciales: “no admite más que su rechazo total”, concluyeron.