El fiscal federal Santiago Roldán abrió una investigación para determinar si hubo negligencia, demoras o incumplimiento de deberes por parte de autoridades nacionales en la gestión del incendio que afecta al Parque Nacional Los Alerces, tras denuncias de vecinos y pobladores y con pedidos de informes a Parques Nacionales y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Mientras el fuego arrasa miles de hectáreas de bosque nativo en la cordillera chubutense, la Justicia federal puso la lupa sobre la actuación del Estado. La Sede Fiscal Descentralizada de Esquel, a cargo del fiscal federal Santiago Roldán, abrió una investigación para determinar la posible responsabilidad penal de funcionarios públicos en el manejo del incendio que afecta al Parque Nacional Los Alerces desde diciembre pasado.

El foco ígneo fue detectado el 9 de diciembre de 2025 en el brazo sur del Lago Menéndez, dentro de la jurisdicción del parque, y con el correr de las semanas se extendió hacia territorio provincial. Desde entonces, el fuego no logró ser contenido de manera definitiva y ya provocó un daño ambiental de gran magnitud en una de las áreas naturales protegidas más importantes del país.

Según el comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal, la pesquisa busca establecer cómo actuaron las autoridades competentes en el manejo del fuego y si existieron demoras, negligencia o incumplimientos en la respuesta ante la emergencia. Para eso, la fiscalía comenzó a recopilar informes técnicos del comando de incidentes del Parque Nacional y solicitó documentación a la Administración de Parques Nacionales y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

A la causa se sumaron además denuncias penales. El 9 de enero, un grupo de ciudadanos pidió que se investigue la posible comisión de delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público y otras figuras penales y ambientales vinculadas al siniestro. Días después, el 22 de enero, la Asociación de Pobladores de la Reserva Los Alerces presentó otra denuncia por presunto abuso de autoridad y violación de deberes, en un contexto que describieron como imprudencia, negligencia e inobservancia de reglamentos.

La fiscalía también dio intervención a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Departamento Técnico Investigativo de la Policía Federal Argentina, con el objetivo de reconstruir el origen, la evolución del fuego y la respuesta institucional desplegada. El desafío es avanzar con la investigación sin entorpecer las tareas de combate que aún continúan en el terreno.

El expediente judicial abre un nuevo frente en medio de la crisis ambiental que atraviesa la Patagonia. Con miles de hectáreas afectadas y comunidades en alerta, la pregunta ya no es solo cómo empezó el incendio, sino si el Estado actuó a tiempo y con los recursos necesarios para evitar que se transformara en una catástrofe.