La Casa Rosada mantiene sin cambios el capítulo impositivo del proyecto, pese a los reclamos de mandatarios provinciales que advierten por una caída en la coparticipación. El oficialismo apunta a llevar la ley al recinto el 11 de febrero.

El Gobierno nacional acelera el debate de la reforma laboral con la mira puesta en tratarla en el Senado el próximo 11 de febrero, pero las negociaciones con los gobernadores atraviesan un punto muerto. La principal traba está en el capítulo impositivo del proyecto, que modifica el esquema del impuesto a las Ganancias y genera preocupación en las provincias por una posible pérdida de recursos coparticipables.

Aunque el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene reuniones con mandatarios dialoguistas para escuchar sus planteos, en la mesa chica libertaria descartan cambios de fondo. Según fuentes oficiales, el texto no será modificado en aspectos “trascendentales” y solo podrían incorporarse ajustes de redacción o estilo.

El punto más cuestionado por las provincias es la reducción de Ganancias para sociedades y ciertos alquileres destinados a vivienda. Como ese tributo integra la masa de fondos que se distribuye por coparticipación, los gobernadores advierten que la rebaja impactará directamente en sus arcas. Desde hace semanas piden compensaciones o garantías para evitar una merma en los ingresos.

Estimaciones privadas calculan que el costo fiscal inicial de estas modificaciones rondaría el 0,22% del PBI en 2026, mientras que los mandatarios proyectan una caída de entre $5000 y $6000 millones mensuales en transferencias automáticas. En la Casa Rosada rechazan esos números y sostienen que “las cuentas están mal hechas” y que la baja de impuestos se compensará con mayor actividad económica y formalización laboral.

Pese a la presión, el oficialismo se muestra inflexible. “Si no sale, no sale”, deslizó una fuente con peso en la toma de decisiones, al relativizar la posibilidad de que el Senado apruebe la ley sin los artículos tributarios. La postura oficial apunta a reducir la carga impositiva para estimular la inversión y bajar el llamado “costo argentino”, incluso si eso profundiza el conflicto con las provincias.

En paralelo, Santilli continuó con su ronda de contactos. Este jueves se reunió con los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), quienes reiteraron su disposición a acompañar la reforma, pero sin resignar recursos clave para sus distritos. “Siempre garantizamos gobernabilidad, pero no vamos a afectar los intereses de nuestras provincias”, advirtió Sáenz.

Con el Gobierno fortalecido tras las legislativas de 2025 y los mandatarios con menor margen de negociación, las conversaciones siguen abiertas. Sin embargo, a menos de dos semanas del tratamiento previsto en el Senado, la falta de acuerdo mantiene en suspenso uno de los proyectos centrales del oficialismo para el período de extraordinarias.