El exfuncionario, amigo y exabogado del presidente Javier Milei, fue acusado de liderar una maniobra de retornos con laboratorios y droguerías. El juez Sebastián Casanello procesó también a otras 18 personas por defraudación, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

La Justicia federal procesó al exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, por presunta asociación ilícita en una causa que investiga el pago de coimas y graves irregularidades en la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad. En el mismo expediente fueron imputadas otras 18 personas.

La medida fue dictada por el juez Sebastián Casanello, con intervención del fiscal Franco Picardi, quien atribuyó a los acusados los delitos de asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Según la resolución, Spagnuolo —amigo y exabogado del presidente Javier Milei— habría encabezado una estructura que utilizó el organismo estatal para beneficiar a laboratorios y droguerías proveedoras, a cambio de retornos económicos. El magistrado sostuvo que la Andis fue “cooptada y empleada como una vía de enriquecimiento” para funcionarios y operadores privados, en perjuicio de los recursos destinados a la atención de personas con discapacidad.

En su fallo, Casanello describió la existencia de “una organización criminal” que obtenía “millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas” y que operaba mediante un “sistema de retornos” para recompensar a funcionarios y gestores externos.

Además de Spagnuolo, fueron procesados el exsubdirector del organismo, Daniel María Garbellini, y los operadores Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, señalados como piezas clave de la maniobra. También quedaron alcanzados exdirectivos y empleados de la agencia, así como personas vinculadas a distintas droguerías proveedoras.

El exfuncionario había solicitado recientemente su sobreseimiento y la nulidad de la causa, iniciada tras la difusión de audios en los que se mencionaba el presunto reparto de dinero irregular entre integrantes del Gobierno. Sin embargo, el juez rechazó esos planteos y avanzó con los procesamientos.

La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas judiciales en un expediente que impacta de lleno en la gestión del área social del Gobierno nacional.