Tras el anuncio del cierre de la histórica planta de San Fernando y el despido de 920 trabajadores, Nación y Provincia dictaron la conciliación obligatoria. Durante dos semanas, la empresa deberá retrotraer la situación y sostener los puestos de trabajo mientras se abre una instancia de negociación.

El conflicto por el cierre de la histórica fábrica de neumáticos Fate sumó este miércoles un nuevo capítulo. Luego del anuncio empresarial que dejó a 920 trabajadores en la calle, el Ministerio de Capital Humano de la Nación y el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictaron la conciliación obligatoria por el plazo de 15 días, una medida que busca frenar los despidos y abrir una instancia formal de negociación.

La decisión implica que, durante ese período, la empresa deberá retrotraer la situación al momento previo al conflicto y garantizar las condiciones laborales vigentes antes del anuncio de cierre. Al mismo tiempo, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) deberá suspender cualquier medida de fuerza mientras se desarrollan las audiencias correspondientes.

Desde la Secretaría de Trabajo nacional señalaron que la medida se enmarca en la normativa vigente y tiene como objetivo “preservar la actividad y el empleo”. El conflicto fue encuadrado formalmente como una disputa laboral entre la empresa y la representación sindical, más allá de que la decisión empresaria haya sido presentada como una determinación unilateral vinculada a cuestiones de mercado.

El Ministerio recordó que la situación de la compañía no es nueva. En junio de 2024, Fate solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis. Durante su tramitación se realizaron audiencias con el sindicato, pero no se alcanzó un acuerdo y el proceso concluyó en agosto de ese año. En mayo de 2025, ambas partes firmaron un entendimiento que incluyó modificaciones salariales transitorias y reorganización de turnos. Sin embargo, en octubre la empresa solicitó una prórroga alegando un agravamiento de su situación económica, instancia que tampoco logró consenso pleno.

Además, se tramitaron acuerdos de suspensión bajo el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, uno homologado y otro pendiente de ratificación debido a la negativa sindical.

En paralelo, el Ministerio de Trabajo bonaerense decidió intervenir de oficio ante la magnitud del conflicto social generado en el distrito de San Fernando. La cartera que conduce Walter Correa aplicó la conciliación obligatoria al amparo de la Ley provincial 10.149 e intimó a la empresa a cumplir estrictamente con sus obligaciones laborales, retrotrayendo las decisiones adoptadas.

La resolución provincial también establece que la autoridad laboral podrá convocar a audiencias, proponer fórmulas conciliatorias y requerir toda la documentación necesaria para evaluar la situación económica de la empresa. En un distrito profundamente industrial como el norte del conurbano, el impacto social del cierre excede a la planta y alcanza a proveedores, tercerizados y comercios de la zona.

Mientras tanto, los trabajadores permanecen en estado de alerta y movilización. El cierre de Fate —una firma con ocho décadas de historia productiva en territorio bonaerense— se convirtió en un símbolo de la discusión más amplia sobre el rumbo industrial, la apertura de importaciones y el futuro del empleo formal en la provincia.