Un juez laboral hizo lugar a una cautelar de la CGT y frenó los puntos centrales de la reforma impulsada por el Gobierno. Quedan en suspenso cambios clave en indemnizaciones, derecho a huelga y condiciones de trabajo.

El gobierno de Javier Milei sufrió un fuerte revés judicial luego de que la Justicia laboral suspendiera los principales puntos de la reforma laboral impulsada por el oficialismo.

El juez Raúl Ojeda, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N°63, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la CGT y dejó en suspenso la aplicación de 82 artículos de la Ley 27.802, al considerar que podrían ser inconstitucionales.

Vuelven las reglas laborales anteriores

La decisión implica que, de manera provisoria, el sistema laboral vuelve a regirse por el esquema previo a la reforma.

Entre los cambios que quedan suspendidos se encuentran modificaciones centrales a la Ley de Contrato de Trabajo, incluyendo el régimen de indemnizaciones, el alcance de los derechos laborales y aspectos clave de la negociación colectiva.

El fallo también frena la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las limitaciones al derecho a huelga y la reforma de la ultraactividad de los convenios.

Argumentos de la Justicia

El juez Ojeda sostuvo que existen “indicios serios y graves” de inconstitucionalidad, especialmente por posibles violaciones al artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Además, señaló que la reforma podría implicar una regresión en derechos laborales individuales y colectivos, lo que justificaría la suspensión cautelar hasta que se dicte una sentencia definitiva.

Uno de los conceptos centrales del fallo es la “verosimilitud del derecho calificada”, es decir, la fuerte probabilidad de que los planteos de la CGT tengan sustento jurídico.

Cambios clave que quedan congelados

Entre los puntos más relevantes que quedan sin efecto aparecen:

• La posibilidad de considerar trabajadores como “prestadores independientes”, lo que podía excluirlos del régimen laboral tradicional.
• La eliminación del principio “in dubio pro operario”, que establece que ante dudas debe fallarse a favor del trabajador.
• La flexibilización del principio de irrenunciabilidad de derechos laborales.
• El nuevo sistema de indemnizaciones, que permitía reducir montos o reemplazarlos por fondos de cese.
• La posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas.

También quedan suspendidas modificaciones en jornadas laborales, vacaciones, teletrabajo y componentes salariales.

Impacto sindical y político

El fallo representa la primera gran victoria judicial de la CGT frente a la reforma laboral del Gobierno.

Además, deja en evidencia la fragilidad jurídica de algunos puntos clave del proyecto oficial y abre un nuevo frente de conflicto entre el Ejecutivo y el sindicalismo.

La medida es provisoria y el Gobierno puede apelarla, pero tiene aplicación inmediata en todo el país.

Mientras tanto, la Justicia advirtió que aplicar la reforma podría generar “daños irreparables” en millones de relaciones laborales si luego fuera declarada inconstitucional.