Un hombre que se presentó como ambientalista en la audiencia pública habría integrado la SIDE durante casi dos décadas. Su participación genera dudas sobre posibles infiltraciones en el debate legislativo.
La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo de polémica tras conocerse que uno de los expositores en la audiencia pública tendría antecedentes en los servicios de inteligencia.
Se trata de Hugo Maximiliano Monico, quien se presentó como referente de una organización ambientalista del sur del conurbano bonaerense, pero habría formado parte de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante casi dos décadas.
Un expositor con pasado en inteligencia
Monico participó de la audiencia realizada en la Cámara de Diputados, donde habló en contra de la reforma de la ley y defendió la protección de los glaciares.
Sin embargo, registros oficiales indican que trabajó en el área de inteligencia entre 2002 y 2020 y que incluso percibe una jubilación vinculada a ese organismo.
Además, inició un reclamo judicial para que se le reconozcan pagos adicionales por “trabajos extraordinarios” durante su paso por la estructura estatal.
Dudas sobre su rol actual
Aunque podría argumentarse que se encuentra retirado, fuentes consultadas no descartan que continúe vinculado a tareas de inteligencia como agente “inorgánico” o colaborador externo.
Su presencia en una audiencia con alta exposición política —en la que miles de inscriptos no pudieron participar— despertó interrogantes sobre cómo fue seleccionado.
Sospechas de infiltración
El caso reaviva el debate sobre la posible infiltración de agentes en organizaciones sociales o espacios de participación pública.
Documentos previos ya habían advertido sobre el interés de los servicios de inteligencia en actores vinculados al ambientalismo, especialmente aquellos con capacidad de influir en la agenda política.
En ese contexto, la participación de Monico en el debate legislativo adquiere una dimensión más sensible.
Un debate atravesado por tensiones
La audiencia pública por la Ley de Glaciares ya venía marcada por fuertes cruces entre el oficialismo y sectores ambientalistas.
La aparición de este dato suma un elemento adicional de controversia en una discusión que atraviesa intereses económicos, políticos y sociales.
Mientras el Congreso se prepara para avanzar con el tratamiento del proyecto, el episodio pone el foco en la transparencia del proceso y en los actores que intervienen en el debate.
