Un alto cargo del área de infraestructura fue denunciado por no declarar ocho departamentos en Estados Unidos. El caso reaviva el debate sobre transparencia en plena política de ajuste.
Un nuevo escándalo golpea al gobierno de Javier Milei: el funcionario Carlos Frugoni fue denunciado por presuntamente no declarar ocho propiedades en Miami, además de posibles cuentas en el exterior.
Propiedades bajo la lupa
Según la denuncia, Frugoni —actual secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo— estaría vinculado a sociedades radicadas en Estados Unidos: Genova LLC y Waki LLC.
Estas firmas serían titulares de ocho departamentos en Florida, cada uno valuado en aproximadamente 150.000 dólares, lo que configura un patrimonio significativo que no habría sido informado en su declaración jurada.
Un área sensible
El caso cobra especial relevancia porque Frugoni ocupa un rol clave en el área de infraestructura, históricamente atravesada por cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos.
La denuncia se da en un contexto donde el Gobierno impulsa un recorte de la obra pública, la reducción del gasto estatal y la promoción de financiamiento privado.
Esto intensifica las críticas por posibles inconsistencias entre el discurso oficial y la conducta de sus funcionarios.
Posibles irregularidades
Además de las propiedades, la denuncia menciona:
- Cuentas bancarias no declaradas en el exterior
- Posible omisión deliberada de activos
- Eventuales inconsistencias patrimoniales
De confirmarse, podrían configurarse delitos como falsedad en declaración jurada o enriquecimiento ilícito.
Investigación en puerta
El caso podría avanzar en distintas instancias:
- Intervención de la Oficina Anticorrupción
- Actuación de la AFIP
- Presentaciones judiciales
Hasta el momento, no se conocieron explicaciones públicas del funcionario.
Transparencia en debate
El episodio vuelve a poner en el centro la discusión sobre el control patrimonial de los funcionarios públicos, especialmente en un contexto de ajuste económico y caída de la obra pública.
La evolución de la causa será clave para determinar responsabilidades y medir el impacto político dentro del Gobierno.
