Un testigo reveló un pago extra de 65 mil dólares no declarado por refacciones. La causa por enriquecimiento ilícito suma nuevas inconsistencias.

La situación judicial de Manuel Adorni vuelve a complicarse con la aparición de nuevos testimonios en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita. Esta vez, un dato clave agrega más dudas sobre la compra de su departamento en Caballito: un pago adicional de 65.000 dólares que no figura en ningún documento.

El testimonio fue aportado por Pablo Feijoo, desarrollador inmobiliario e hijo de una de las jubiladas que participó en la operación. Según declaró, ese monto fue acordado “de palabra” con el funcionario para cubrir refacciones del inmueble, lo que eleva el valor real de la propiedad a casi 300.000 dólares, bastante por encima de los 230.000 declarados oficialmente.

El problema no es solo la cifra, sino la forma. No hay registros escritos de ese acuerdo, lo que refuerza la sospecha de una operación irregular. Además, la propiedad había sido comprada previamente por 200.000 dólares y revendida en condiciones poco habituales: con un anticipo mínimo y una hipoteca entre privados por el resto, algo extremadamente inusual en el mercado inmobiliario porteño.

Las refacciones también están bajo la lupa. El departamento fue completamente remodelado —pisos, cocina, baño, mobiliario— con un nivel de inversión significativo. Sin embargo, no está claro quién financió esas obras ni cómo se justifican dentro de los ingresos declarados por el jefe de Gabinete.

A esto se suma otra operación inmobiliaria en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, donde la compra se concretó mediante una ingeniería financiera igualmente llamativa. Parte del dinero provino de un préstamo otorgado por dos mujeres policías, también bajo un esquema de hipoteca no bancaria. Según se conoció, aún resta cancelar una porción importante de esa deuda.

El foco de la investigación apunta a determinar si el crecimiento patrimonial de Adorni es compatible con sus ingresos como funcionario. Desde que asumió en el gobierno de Javier Milei, incorporó al menos dos propiedades, realizó viajes internacionales y mantuvo un nivel de gastos que, según los investigadores, resulta difícil de justificar.

En paralelo, la fiscalía amplió el alcance de la causa y solicitó información a bancos, fintechs y plataformas digitales para rastrear movimientos financieros, incluyendo posibles operaciones con criptomonedas. El objetivo es reconstruir el circuito completo del dinero y detectar eventuales inconsistencias.

Con cada nueva declaración, el expediente suma elementos que refuerzan las sospechas. Lo que comenzó como una investigación por una operación inmobiliaria puntual, hoy se expande hacia un análisis más amplio del patrimonio, los vínculos y el estilo de vida de uno de los funcionarios más cercanos al Presidente.