A través de un decreto, se oficializó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce las contribuciones patronales para nuevas contrataciones con el objetivo de promover el empleo registrado.

El Gobierno nacional reglamentó el esquema que habilita la reducción de aportes patronales para empleadores, mediante la puesta en marcha del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), incluido en la ley 27.802.

La medida fue oficializada a través del decreto 315/2026 y establece que las empresas podrán contratar nuevos trabajadores sin abonar la totalidad de las contribuciones al sistema de seguridad social durante un período determinado.

Según la normativa, el beneficio alcanzará únicamente a nuevas incorporaciones laborales, especialmente a personas que no hayan tenido empleo registrado previamente, que se encuentren desempleadas o que estén inscriptas como monotributistas.

El esquema prevé que, durante los primeros cuatro años de contratación, los empleadores abonen alícuotas reducidas, lo que impacta en componentes como aportes jubilatorios, asignaciones familiares, obras sociales y fondos de desempleo.

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo central es incentivar la creación de empleo formal y facilitar la inserción laboral de sectores con dificultades para acceder a trabajos registrados.

La implementación del régimen se da en el marco de cambios en el ámbito judicial que habilitaron su aplicación, luego de resoluciones vinculadas a la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma laboral.

El decreto también establece los porcentajes de contribuciones que deberán realizar los empleadores bajo este esquema, con destinos específicos hacia el sistema previsional, el fondo de empleo y otros organismos de la seguridad social.

La medida se suma al conjunto de reformas impulsadas por el Ejecutivo en materia laboral y económica, en un contexto de debate sobre el impacto de estas políticas en el empleo y las condiciones de trabajo.