La cuarta Marcha Federal Universitaria volvió a mostrar una imagen que el gobierno de Javier Milei intenta minimizar: una movilización multitudinaria, transversal y extendida en todo el país contra el ajuste sobre la educación pública.

Con Plaza de Mayo colmada y réplicas en distintas ciudades argentinas, docentes, estudiantes, gremios y familias reclamaron que el Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso pero sistemáticamente desoída por la Casa Rosada.

El centro de las críticas apuntó directamente contra Milei y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quienes en la previa de la movilización volvieron a desacreditar el reclamo universitario y redujeron el conflicto a una supuesta maniobra política.

Pero la masividad de la protesta dejó expuesto algo mucho más profundo: el rechazo social a un modelo que desfinancia universidades, deteriora salarios docentes y paraliza áreas estratégicas como hospitales universitarios, investigación científica y becas estudiantiles. Mientras el Gobierno insiste con el discurso del ajuste, las universidades denuncian una caída histórica de recursos y salarios en niveles que no se veían desde hace más de երկու décadas.

Las críticas contra Milei también estuvieron atravesadas por el tono confrontativo que mantiene su administración frente al sistema universitario. La decisión de frenar transferencias ya votadas por el Congreso y judicializar el cumplimiento de la ley fue interpretada por buena parte de la comunidad educativa como un ataque deliberado a la universidad pública.

En ese contexto, la figura de Álvarez quedó especialmente cuestionada dentro del ámbito académico. Sus declaraciones previas a la marcha, alineadas con la postura de la ministra Sandra Pettovello, fueron leídas como una provocación frente a un conflicto que ya afecta el funcionamiento cotidiano de muchas facultades.

La movilización también dejó escenas que chocan de frente con el discurso oficial. Padres orgullosos de hijos universitarios, estudiantes primera generación, docentes ad honorem y jubilados defendiendo la educación pública construyeron una postal difícil de encasillar en la lógica partidaria con la que el Gobierno intenta deslegitimar cada protesta.

Con el conflicto lejos de resolverse, la marcha terminó funcionando como una señal política potente: pese al desgaste económico y al intento oficial de desacreditar el reclamo, la universidad pública sigue teniendo una capacidad de movilización que incomoda al Gobierno y expone uno de los puntos más sensibles del ajuste libertario.