El Gobierno de Javier Milei avanzó con la privatización de AySA mediante un decreto. Especialistas advierten que el antecedente de los años 90 dejó aumentos de tarifas, caída de inversiones y deterioro del servicio para millones de usuarios.

El gobierno de Javier Milei oficializó la privatización de AySA y volvió a encender el debate sobre el futuro del acceso al agua en Argentina. La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial, contempla la venta del 90% de las acciones de la empresa estatal y habilita concesiones de hasta 30 años.

La decisión despertó fuertes cuestionamientos de especialistas y sectores sindicales, que advierten sobre una reedición del modelo privatizador de los años 90 impulsado por Carlos Menem. Según remarcan, aquella experiencia terminó con tarifazos, deterioro del servicio y caída de inversiones estratégicas.

El antecedente de los 90

La privatización del servicio de agua no es nueva en Argentina. En 1993, durante el menemismo, la estatal Obras Sanitarias fue entregada al consorcio Aguas Argentinas, integrado por las empresas Suez Lyonnaise y Aguas de Barcelona.

El modelo terminó colapsando tras años de cuestionamientos por incumplimientos contractuales, falta de obras y aumentos tarifarios. Finalmente, en 2006 el Estado volvió a estatizar el servicio y creó AySA.

Ahora, el Gobierno libertario busca retomar ese esquema bajo el argumento de “modernizar” y “mejorar” el sistema, aunque las críticas apuntan a que el agua dejaría de concebirse como un derecho humano para transformarse en un bien sujeto a la lógica de mercado.

Tarifas más caras y riesgo de cortes

Uno de los puntos que más preocupación genera es la posibilidad de profundizar los cortes de suministro por falta de pago. El Gobierno ya había habilitado en 2025 la interrupción del servicio para usuarios con apenas dos facturas adeudadas.

La medida llega en medio de una fuerte crisis económica y tras un aumento acumulado de las tarifas de agua del 366% entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, según un informe de la UBA y el Conicet.

Especialistas advierten que la privatización podría derivar en nuevas subas tarifarias y en una reducción de inversiones en zonas menos rentables, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.

Ajuste, despidos y pérdida de control estatal

El proceso privatizador comenzó poco después de la llegada de Milei al poder. Primero, AySA fue incluida entre las empresas sujetas a privatización en la Ley Bases. Después llegaron los despidos masivos: la planta pasó de unos 7.800 trabajadores a poco más de 6.200.

Desde el oficialismo sostienen que la venta permitirá reducir costos y atraer inversiones privadas. Pero los críticos señalan que el Estado perderá capacidad de control sobre un recurso estratégico y advierten sobre una fuerte pérdida de soberanía hídrica.

Mientras tanto, crece la tensión alrededor de uno de los servicios esenciales más sensibles del país, en un contexto donde cada vez más familias tienen dificultades para afrontar el pago de tarifas básicas.