La iniciativa impulsada por Capital Humano promete usar inteligencia artificial para diseñar políticas públicas, pero especialistas advierten sobre riesgos de vigilancia, manejo de información sensible y posibles vínculos con empresas tecnológicas ligadas al espionaje.

El Gobierno nacional presentó oficialmente el primer “gemelo digital social”, una herramienta basada en inteligencia artificial que buscará integrar información de distintas bases de datos para anticipar y diseñar políticas públicas. La iniciativa fue anunciada por el Ministerio de Capital Humano y rápidamente generó preocupación entre especialistas en tecnología, privacidad y derechos digitales.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello difundieron un video en el que aseguran que el sistema permitirá “simular, anticipar y optimizar políticas públicas” mediante el análisis de grandes volúmenes de información. Javier Milei celebró el anuncio y habló de “un cambio de paradigma”.

Sin embargo, detrás del discurso oficial comenzaron a aparecer fuertes cuestionamientos sobre el destino de los datos personales de millones de argentinos y sobre qué empresas podrían participar del proyecto.

Uno de los nombres que aparece en el centro de las sospechas es el de Peter Thiel, fundador de Palantir, compañía tecnológica vinculada históricamente a tareas de inteligencia y vigilancia masiva en Estados Unidos. Según especialistas consultados en la nota original, el empresario ya mantuvo reuniones con Milei y funcionarios libertarios en las últimas semanas.

La directora de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche, advirtió que el sistema podría derivar en mecanismos de vigilancia social y perfilamiento de ciudadanos. Además, señaló que Palantir ya comercializa herramientas similares en otros países.

Otra de las preocupaciones gira en torno al llamado “social scoring”, un modelo que recopila datos personales para clasificar ciudadanos y eventualmente definir acceso a beneficios, asistencia o programas estatales. Especialistas compararon el esquema con sistemas implementados en países como China o India.

También crecen las dudas sobre qué información utilizará el Gobierno y quién tendrá acceso a esos datos. Historias clínicas, ingresos, consumos, antecedentes y movimientos financieros podrían quedar integrados dentro de una misma base estatal potenciada con inteligencia artificial.

El debate además pone el foco sobre la fragilidad de los sistemas de seguridad informática del Estado argentino y la falta de actualización de la Ley de Protección de Datos Personales, vigente desde el año 2000.

Mientras el Gobierno busca mostrarse a la vanguardia tecnológica, especialistas advierten que el proyecto podría abrir la puerta a un esquema de vigilancia y control social sin antecedentes en el país.