Las querellas que representan a la mayoría de las familias de las 44 víctimas solicitaron cinco años de prisión y diez de inhabilitación para los cuatro imputados. Aseguran que las máximas autoridades conocían las fallas del submarino y aun así autorizaron la misión.

A casi nueve años del hundimiento del ARA San Juan, las familias de los 44 tripulantes dieron un nuevo paso en su búsqueda de justicia. Durante la audiencia de alegatos realizada ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, las querellas solicitaron la pena máxima para los cuatro exjefes de la Armada acusados por la tragedia ocurrida en noviembre de 2017.

Las abogadas Lorena Arias y Valeria Carreras pidieron cinco años de prisión efectiva y diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, el excapitán de navío Claudio Villamide, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Correa.

Según sostuvieron las representantes de las familias, los acusados enfrentan cargos por estrago culposo agravado por la muerte de personas, además de otras imputaciones vinculadas al incumplimiento de sus funciones.

Durante su exposición, las letradas señalaron que el hundimiento no fue consecuencia de una falla técnica aislada, sino el resultado de años de deterioro, advertencias ignoradas y decisiones tomadas por quienes tenían la responsabilidad de garantizar la seguridad de la embarcación y de su tripulación.

“Los de arriba sabían que lo de abajo estaba roto, igual firmaron la orden”, afirmaron durante el alegato, al responsabilizar a las máximas autoridades de la cadena de mando de la Armada.

La querella sostuvo que los problemas del submarino eran conocidos y que existían informes previos sobre su estado operativo. Según esa interpretación, el riesgo había sido naturalizado dentro de la estructura militar hasta desembocar en la tragedia.

Las familias también remarcaron que los tripulantes cumplieron con las órdenes recibidas dentro de una estructura jerárquica donde negarse a una misión no era una posibilidad real. “Confiaban en que quienes tenían el deber de supervisar, controlar y proteger iban a cumplir con su función”, expresaron las abogadas.

En uno de los momentos más emotivos de la audiencia, las representantes recordaron a los 44 submarinistas y señalaron que sus familiares continúan atravesando “la forma más cruel de duelo”, marcada por la ausencia de respuestas definitivas y la falta de responsabilidades establecidas judicialmente.

Concluidos los alegatos de las querellas, ahora será el turno de las defensas de los acusados. Una vez finalizada esa etapa, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz deberá fijar la fecha para el veredicto en una de las causas más emblemáticas de los últimos años.