El Gobierno impulsa cambios en la Ley de Tierras para eliminar restricciones a la compra de campos por parte de personas y empresas extranjeras. La iniciativa genera cuestionamientos por su posible impacto sobre los recursos estratégicos y la soberanía territorial.

El Gobierno nacional avanza con un proyecto para modificar la Ley de Tierras Rurales y flexibilizar las restricciones que actualmente limitan la compra de campos por parte de personas y empresas extranjeras. La iniciativa forma parte del proyecto denominado «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», que el oficialismo buscará impulsar en el Congreso.

La propuesta contempla cambios sobre la Ley 26.737, sancionada en 2011, que fija límites a la tenencia de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. Entre otras disposiciones, la normativa establece que las personas o empresas extranjeras no pueden superar el 15% del total de las tierras rurales del país y fija restricciones adicionales por nacionalidad y superficie.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca fortalecer el derecho a la propiedad privada y eliminar regulaciones que consideran excesivas para las inversiones. Sin embargo, distintos sectores cuestionan la iniciativa y advierten que podría facilitar una mayor concentración de tierras en manos de grandes empresas y capitales extranjeros.

La discusión se reabrió luego de que la administración de Javier Milei intentara derogar la ley mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia al comienzo de su gestión. Esa decisión fue suspendida por la Justicia y el expediente continúa pendiente de una resolución definitiva de la Corte Suprema, por lo que ahora el oficialismo apuesta a modificar la legislación a través del Congreso.

Entre las principales críticas aparece la posibilidad de eliminar las restricciones sobre zonas con recursos hídricos estratégicos. Organizaciones vinculadas a la agroecología y al desarrollo rural sostienen que la reforma permitiría que inversores extranjeros accedan a territorios que incluyen ríos, lagos y otras reservas de agua consideradas claves para la producción de alimentos y el desarrollo local.

También expresaron preocupación por el avance de grandes proyectos tecnológicos e industriales que demandan un alto consumo de agua y podrían instalarse sobre esos territorios en caso de modificarse la legislación vigente.

Para los sectores que rechazan la iniciativa, la Ley de Tierras constituye una herramienta destinada a preservar la soberanía sobre recursos naturales estratégicos y garantizar un mayor control nacional sobre el territorio. En cambio, el Gobierno considera que la flexibilización favorecerá nuevas inversiones y un mayor desarrollo económico.