La expresidenta publicó una columna en medios internacionales para defender su inocencia y denunciar una proscripción política. Su equipo presentó el caso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas e incorporó a los juristas Rafael Valim y Javier Borrego.

Cristina Fernández de Kirchner anunció que llevará su condena en la causa Vialidad ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, al considerar que durante el proceso judicial se vulneraron garantías fundamentales y que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos busca excluirla de la vida política.

La expresidenta dio a conocer la decisión a través de una columna de opinión publicada en medios internacionales como El País, de España, y Libération, de Francia. El texto también fue difundido en sus redes sociales bajo el título “El costo democrático de la politización de la justicia”.

En el documento, Cristina Kirchner volvió a defender su inocencia y sostuvo que la condena constituye una forma de proscripción. Afirmó que cuando el Poder Judicial interviene en la disputa política y define quién puede competir electoralmente, la democracia pierde contenido y se restringe la soberanía popular.

La exmandataria cumple arresto domiciliario tras haber sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Para Cristina Kirchner, esta última sanción representa el verdadero objetivo del proceso judicial.

“La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es solo la accesoria”, expresó en su columna.

La presentación internacional se realizó mediante una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. El planteo sostiene que el proceso violó garantías contempladas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por la Argentina.

Cristina Kirchner señaló que no recurre al organismo únicamente por estar en desacuerdo con la sentencia, sino para que la actuación de los tribunales argentinos sea evaluada bajo las normas internacionales de derechos humanos.

También denunció que el juicio estuvo atravesado por arbitrariedades, falta de imparcialidad y un clima de hostilidad que vinculó con la persistencia de un machismo estructural dentro de sectores del sistema judicial.

En esa línea, sostuvo que el caso no afecta solo sus derechos individuales, sino también los de millones de ciudadanos que la eligieron y que deberían conservar la posibilidad de volver a votarla. Según planteó, impedir que una dirigente elegida democráticamente participe de la vida política limita el derecho de los electores a escoger libremente a sus representantes.

Para esta nueva etapa, su equipo de defensa incorporó al abogado brasileño Rafael Valim, vinculado al equipo legal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y al jurista español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos trabajarán junto al abogado Alberto Beraldi en la estrategia ante los organismos internacionales.

Cristina Kirchner concluyó que no busca privilegios ni excepciones, sino que se reconozca su derecho a un juicio imparcial, independiente y respetuoso de las garantías internacionales asumidas por el Estado argentino.