Un juez federal ordenó al Estado nacional avanzar con la reparación integral de los tramos que atraviesan el departamento General López. El fallo llega ante el deterioro de las rutas y luego de que una medida cautelar previa no obtuviera respuestas concretas.
El juez federal Aurelio Cuello Murúa ordenó al Estado nacional realizar de manera urgente la reparación integral de los tramos de las rutas nacionales 7, 8 y 33 que atraviesan el departamento General López, en el sudoeste de Santa Fe.
La decisión se produjo en el marco de una acción de amparo presentada contra Vialidad Nacional por la senadora provincial Leticia Di Gregorio, ante el deterioro de corredores fundamentales para la circulación, la producción y el transporte de la región.
En una primera instancia, la Justicia Federal había dispuesto una medida cautelar para que se realizaran tareas urgentes de bacheo y reparación en los sectores con mayores problemas de transitabilidad. Ante la falta de avances concretos, el proceso continuó hasta llegar a una resolución de fondo que exige obras estructurales.
“Ya no estamos hablando solamente de tapar pozos, sino de obras estructurales que garanticen rutas seguras para quienes las utilizan todos los días”, señaló Di Gregorio al referirse al alcance de la decisión judicial.
El fallo establece que las tareas deberán ser ejecutadas por el Estado nacional, ya sea directamente a través de la Dirección Nacional de Vialidad, mediante el organismo que eventualmente asuma sus competencias o por medio de las empresas concesionarias de los corredores. En cualquier caso, la responsabilidad de garantizar el cumplimiento continuará en manos del Estado nacional.
El estado de las rutas nacionales se convirtió en uno de los focos de reclamo en distintas provincias luego de la paralización de buena parte de la obra pública nacional desde el comienzo de la gestión de Javier Milei. En General López, la situación afecta diariamente a vecinos, transportistas y sectores productivos que utilizan estos corredores.
Ahora, la expectativa está puesta en el cumplimiento efectivo de la sentencia y en el inicio de las obras necesarias para recuperar la transitabilidad y mejorar la seguridad vial en las rutas nacionales 7, 8 y 33.



