La mesa política encabezada por Karina Milei decidió postergar varias de las iniciativas impulsadas por el ministro de Desregulación luego del traspié con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Gobernadores aliados habían advertido a la Casa Rosada por el costo político de proyectos que generan rechazo social.
La Casa Rosada decidió poner en pausa varios de los proyectos impulsados por Federico Sturzenegger después de la derrota que sufrió el Gobierno en el Senado con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La decisión surgió durante una reunión de casi tres horas de la mesa política oficialista, encabezada por Karina Milei, en la que el propio ministro de Desregulación fue convocado de manera excepcional para analizar lo ocurrido en el Congreso y reorganizar la estrategia legislativa.
Según Página/12, la resolución fue avanzar con mayor cautela sobre las iniciativas de Sturzenegger y concentrar los esfuerzos políticos en proyectos considerados prioritarios para el Gobierno. Entre las propuestas vinculadas al ministro, por el momento solo tendría prioridad la reforma del mercado de capitales.
EL TRASPIÉ QUE ENCENDIÓ LAS ALARMAS
El Gobierno viene de sufrir una importante derrota parlamentaria con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Ante la falta de votos, el oficialismo tuvo que retirar dos de los capítulos más controvertidos de la iniciativa: la modificación de la Ley de Tierras y los cambios en la Ley de Manejo del Fuego.
La situación generó malestar dentro de la Casa Rosada y dejó expuestas las dificultades para conservar el respaldo de gobernadores que habían acompañado al Gobierno en anteriores votaciones.
Sturzenegger quedó particularmente señalado porque fue uno de los principales impulsores de la iniciativa. A eso se sumó la polémica por conocerse que se encontraba en República Dominicana participando de un foro mientras el oficialismo negociaba los votos en el Senado.
Pese a las críticas internas, desde el Gobierno ratificaron públicamente el respaldo al ministro y destacaron su papel dentro del programa de desregulación.
LA ADVERTENCIA DE LOS GOBERNADORES ALIADOS
La decisión de revisar la estrategia también responde a las advertencias realizadas por mandatarios provinciales cercanos a la Casa Rosada.
“El gobierno no puede seguir mandando proyectos que desgastan y que generan repudio social. Pierden la batalla discursiva y después es imposible acompañarlos”, señaló a Página/12 uno de los gobernadores aliados.
La preocupación del oficialismo es que lo sucedido con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada se transforme en un antecedente para futuras negociaciones parlamentarias.
Por eso, la mesa política resolvió concentrarse ahora en iniciativas que considera estratégicas, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la reforma política, con la que el Gobierno pretende eliminar o suspender las PASO.
LAS PROVINCIAS TAMBIÉN PONEN CONDICIONES
La reforma del Banco Central será uno de los próximos desafíos para la Casa Rosada y los gobernadores ya comenzaron a plantear modificaciones para garantizar su acompañamiento.
Entre los pedidos aparece una mayor representación federal en el directorio del BCRA. Algunas provincias proponen que al menos tres de sus ocho integrantes acrediten trayectoria vinculada con diferentes regiones del país: Norte Grande, Región Centro y Sur/Patagonia.
También reclaman que cualquier mecanismo que permita integrar encajes mediante títulos públicos no beneficie automáticamente a los instrumentos emitidos por el Tesoro nacional frente a los provinciales.
Otro punto de negociación será el régimen de Zonas Frías. El Gobierno analiza modificar los actuales beneficios y avanzar posteriormente con un esquema para las denominadas “zonas cálidas”.
Sin embargo, gobernadores aliados desconfían de que Nación pueda financiar nuevas compensaciones debido a las restricciones fiscales.
La Casa Rosada buscará ahora recomponer los vínculos con las provincias y evitar nuevos traspiés parlamentarios. Después de la derrota en el Senado, la prioridad será ordenar el calendario legislativo y reducir el riesgo de impulsar proyectos sin tener previamente garantizados los votos necesarios.
