Madres, trabajadores y personas con discapacidad advierten que recurren a tarjetas, bancos, billeteras virtuales y préstamos para afrontar medicamentos, terapias, alimentación y elementos de apoyo. Al mismo tiempo, instituciones denuncian millonarias deudas de Incluir Salud y reclaman que el Gobierno cumpla con la emergencia vigente.
La crisis del sistema de prestaciones para personas con discapacidad se cruza cada vez más con el creciente endeudamiento de las familias. La reducción o demora de coberturas, los problemas laborales y los gastos vinculados con tratamientos y cuidados llevan a distintos hogares a recurrir al crédito para sostener necesidades básicas.
El problema llegará nuevamente al Congreso: esta semana comenzará el debate en comisiones de iniciativas destinadas a enfrentar la morosidad y de la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad.
“ESTAMOS CASI TODAS ENDEUDADAS”
Una de las historias es la de Julieta Molina, madre de un niño con discapacidad severa, quien contó que acumuló $1,5 millones en gastos con tarjeta de crédito durante un solo mes para sostener a su familia.
“Me endeudé para poder sostener la vida de mis hijos, mi propia vida y la vida de mis padres”, relató durante una movilización frente al Congreso.
Molina explicó que el centro al que concurre su hijo redujo la atención de cinco a tres días semanales. Esa situación, aseguró, también repercutió en su posibilidad de trabajar y generar ingresos.
“Estamos casi todas endeudadas”, afirmó al describir la situación que observa entre otras madres de personas con discapacidad.
La dinámica que describe comienza con la utilización de ahorros y continúa con tarjetas, préstamos bancarios y, cuando esas alternativas se agotan, ayuda de familiares y amigos.
DEUDAS PARA PAGAR MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS DE APOYO
Los casos recopilados muestran diferentes formas en las que la discapacidad puede incrementar los gastos cotidianos.
Una trabajadora estatal que utiliza silla de ruedas contó que, después de tomar un crédito y dejar de poder afrontar las cuotas, llegó a acumular $3 millones solamente en intereses, según su último cálculo.
Otra madre de un niño con discapacidad intelectual aseguró que debe $3 millones pese a haber refinanciado dos veces sus compromisos financieros. Con un ingreso mensual de $1,4 millones, explicó que realiza trabajos adicionales y recibe ayuda para afrontar los gastos de su hijo.
También aparecen casos de personas que se endeudaron para pagar servicios básicos o comprar elementos necesarios para su autonomía.
Una mujer que utiliza silla de ruedas relató que debió pagar alrededor de $1 millón para reemplazar el joystick de su silla. En otra oportunidad, ante una demora de su obra social, tuvo que afrontar personalmente el costo de los catéteres que necesita diariamente.
LAS INSTITUCIONES TAMBIÉN RECLAMAN DEUDAS DEL ESTADO
La crisis no afecta únicamente a las familias. Prestadores e instituciones especializadas denuncian importantes atrasos en los pagos de Incluir Salud, el programa estatal que brinda cobertura sanitaria a beneficiarios de pensiones no contributivas.
Uno de los casos mencionados es el del Instituto IRAM de Córdoba, especializado en síndrome de Down. Según sus autoridades, Incluir Salud mantiene con la institución una deuda superior a $148 millones, correspondiente a pagos atrasados desde noviembre de 2025.
El 40% de sus 168 alumnos y concurrentes tiene esa cobertura. La falta de ingresos habría provocado retrasos en salarios y cargas sociales y puso en riesgo algunas de las actividades de la institución.
Una de sus directoras aseguró que acumulan salarios pendientes desde mediados de mayo y advirtió que evalúan cerrar un espacio de formación al que concurren 40 jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.
RECLAMAN QUE SE PRORROGUE LA EMERGENCIA
La discusión volverá ahora a la Cámara de Diputados, donde discapacidad y endeudamiento aparecen como dos problemáticas cada vez más vinculadas.
En junio, según la información aportada, la Justicia de Córdoba intimó al Gobierno nacional a regularizar deudas correspondientes a PAMI e Incluir Salud.
Marta Lastra, abogada que impulsó un amparo colectivo y madre de un joven con discapacidad, cuestionó además la aplicación de las actualizaciones de los aranceles de las prestaciones y reclamó el cumplimiento de la legislación vigente.
Mientras el Gobierno mantiene su política de ajuste, familias y prestadores buscan que el Congreso extienda por otro año la emergencia en discapacidad, en un escenario donde las dificultades del sistema de apoyos terminan trasladando una parte cada vez mayor de los costos a los propios hogares.
