El Gobierno presentó en el Congreso un Presupuesto que apuesta a un crecimiento del 4%, una inflación del 18% y un dólar a $1.728. Mientras el Ejecutivo busca sostener el superávit fiscal, los datos de 2026 muestran recortes reales en transferencias, universidades, provincias, salarios y obra pública.

El Gobierno de Javier Milei presentó ante el Congreso su proyecto de Presupuesto 2027, con una hoja de ruta que vuelve a colocar el superávit fiscal en el centro de la política económica. Para el próximo año, la administración libertaria proyecta un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno (PBI), una inflación anual del 18% y un tipo de cambio de $1.728 por dólar.

El proyecto también contempla mantener un resultado fiscal positivo. El superávit primario se ubicaría entre el 1,4% y el 1,8% del PBI, una meta que obliga al Ejecutivo a sostener el control sobre el gasto público.

El problema para el Gobierno estará ahora en el Congreso, donde deberá defender unas proyecciones que se encuentran por encima de varias estimaciones privadas y, al mismo tiempo, explicar cómo pretende continuar con el equilibrio fiscal después de un 2026 marcado por fuertes reducciones reales en distintas áreas del Estado.

CRECIMIENTO E INFLACIÓN: LAS PROYECCIONES DEL GOBIERNO FRENTE A LAS PRIVADAS

El Ejecutivo espera que la economía avance un 4% durante 2027. Las estimaciones privadas, en cambio, ubican el crecimiento por debajo del 3%.

La diferencia también aparece en las previsiones de inflación. El Presupuesto calcula una variación anual de precios del 18%, mientras que distintas consultoras privadas proyectan un rango de entre 20% y 23%. El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, estima una inflación promedio anual del 15,7%.

El Gobierno también fijó en $1.728 el valor del dólar oficial al cierre de 2027.

Más allá de las variables macroeconómicas, uno de los puntos centrales del proyecto será determinar qué sectores del Estado absorberán el costo de sostener el superávit fiscal.

EL AJUSTE DE 2026 COMO ANTECEDENTE

Los números de ejecución del Presupuesto vigente permiten observar el impacto que tuvo durante 2026 la política de reducción del gasto.

Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), hasta el 31 de agosto se había ejecutado el 67,4% del gasto total autorizado para el año. El porcentaje supera en 12,3 puntos el promedio registrado entre 2016 y 2025 para el mismo período.

La cifra, sin embargo, no significa que el Estado haya aumentado su gasto en términos reales. El Presupuesto 2026 había sido elaborado con una inflación estimada del 11%, una hipótesis que quedó por debajo de la evolución efectiva de los precios.

La pérdida de poder adquisitivo de los créditos presupuestarios redujo, de hecho, el margen disponible para distintas áreas. Además, alrededor de la mitad del gasto público cuenta con mecanismos de actualización vinculados directa o indirectamente con la inflación.

ASAP advirtió que, si el Gobierno no amplía el Presupuesto vigente, el gasto no previsional debería caer más de 15% en términos reales durante los últimos meses del año.

El ajuste ya había sido profundizado en abril, cuando el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitó a los ministerios reducir un 20% el gasto de capital y un 2% los gastos de funcionamiento.

PROVINCIAS, UNIVERSIDADES Y OBRA PÚBLICA, ENTRE LAS PARTIDAS QUE MÁS RETROCEDIERON

Los datos acumulados hasta agosto muestran que el gasto devengado cayó 1% interanual en términos reales. El resultado incluye, además, un fuerte incremento de los intereses de la deuda, que crecieron 31,7% por encima de la inflación.

Si se excluyen esos intereses, la caída real del gasto total alcanza el 4,3%, de acuerdo con ASAP.

Una de las mayores reducciones aparece en las transferencias corrientes, que retrocedieron 10,6% en términos reales.

Dentro de ese conjunto, el ajuste fue particularmente marcado en los fondos enviados a las provincias, que disminuyeron 64,6%. Las transferencias destinadas a las universidades cayeron 12,7%, mientras que las correspondientes a empresas públicas bajaron 6,6% y las destinadas al sector privado, un 5%.

También se redujeron las remuneraciones, con una caída real del 4,2%, y el gasto de capital, que registró un retroceso del 16,4%.

La seguridad social mostró una evolución diferente, aunque moderada: las erogaciones aumentaron apenas 0,8% en términos reales.

Estos datos serán parte de la discusión política y parlamentaria sobre el nuevo Presupuesto, especialmente porque el objetivo de mantener el superávit fiscal supone continuar administrando los recursos bajo fuertes restricciones.

EL DESAFÍO DE SOSTENER EL SUPERÁVIT

El Presupuesto 2027 plantea así una continuidad del esquema económico implementado por Milei: menor gasto público, prioridad al resultado fiscal y una fuerte apuesta a que la estabilidad macroeconómica permita recuperar el crecimiento.

La discusión será hasta qué punto el Gobierno podrá sostener esa estrategia sin profundizar el retroceso real de partidas que ya sufrieron recortes durante 2026.

La diferencia entre las previsiones oficiales y las privadas también será un punto sensible durante el debate. Si la inflación termina ubicándose por encima de la estimada por el Ejecutivo, los créditos presupuestarios podrían volver a perder capacidad de compra, tal como ocurrió durante el ejercicio actual.

DIPUTADOS: NEGOCIACIONES CON PROVINCIAS Y BLOQUES ALIADOS

Con el proyecto ingresado al Congreso, el oficialismo deberá comenzar una negociación política para conseguir los votos necesarios en la Cámara de Diputados.

El texto contempla obras reclamadas por distintas jurisdicciones, mientras el Gobierno mantiene conversaciones con gobernadores en busca de respaldos parlamentarios.

La presentación técnica quedará principalmente en manos de funcionarios del Ministerio de Economía, entre ellos Carlos Guberman. Por el momento, no está prevista la participación del ministro Luis Caputo.

El debate del Presupuesto 2027 tendrá, de esta manera, dos discusiones simultáneas: las proyecciones económicas que el Gobierno utiliza como base para sus cuentas y el impacto concreto de la política de ajuste sobre las distintas partidas del Estado.

El oficialismo buscará presentar el superávit como una condición central de su programa económico. En paralelo, la oposición y distintos sectores deberán analizar qué nivel de gasto queda disponible para provincias, universidades, salarios, transferencias, inversión pública y otras áreas después de los recortes registrados durante 2026.