El exjefe de Gabinete presentó un escrito de 77 páginas para responder los 20 puntos planteados por el fiscal Gerardo Pollicita. Su defensa sostiene que buena parte de los fondos surgió de operaciones con criptomonedas realizadas entre 2014 y 2018 y asegura que el dinero permaneció ahorrado hasta que asumió funciones públicas.
El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Justicia un escrito de 77 páginas para responder a los 20 requerimientos formulados por el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de la investigación por las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas patrimoniales.
La presentación fue realizada sobre el límite establecido por el juez Ariel Lijo y retoma uno de los principales argumentos que Adorni ya había planteado públicamente: el incremento de su patrimonio tendría como origen operaciones con Bitcoin realizadas antes de su ingreso a la función pública.
Según la defensa, el crecimiento patrimonial registrado entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 cuenta con respaldo documental, contable y técnico. La causa investiga un aumento patrimonial del 119 % y detectó inconsistencias que alcanzan los $43 millones y US$400.000.
OCHO BILLETERAS Y AHORROS EN CRIPTOMONEDAS
El escrito presentado por el abogado Matías Ledesma sostiene que los fondos declarados inicialmente como “venta de activos” correspondían en realidad a la liquidación de ocho billeteras de Bitcoin.
De acuerdo con la versión de la defensa, esas operaciones se realizaron entre 2014 y 2018 y representaron montos cercanos a los US$600.000.
Los abogados sostienen que las compras se realizaron personalmente y en efectivo. Según explicaron, Adorni se reunía con quienes vendían las criptomonedas, recibía los Bitcoin mediante transferencia y entregaba el dinero correspondiente.
La defensa también aseguró que el exfuncionario puede acreditar la titularidad de las ocho billeteras porque conserva sus respectivas claves privadas. Incluso habría dejado esas claves en un sobre cerrado y lacrado para que pudieran ser requeridas durante la investigación.
El argumento se basa en que, al no existir datos personales asociados directamente a las billeteras virtuales, la posesión de la clave privada sería el elemento utilizado para acreditar su titularidad.
POR QUÉ NO HABÍA DECLARADO ESOS FONDOS
Otro de los puntos abordados por la defensa es el motivo por el cual esos recursos no aparecieron inicialmente en las declaraciones patrimoniales.
Los abogados sostuvieron que Adorni y su familia mantenían ahorros en efectivo y moneda extranjera fuera del sistema bancario, una práctica que calificaron como extendida en Argentina durante esos años.
La presentación plantea que esa modalidad de ahorro no implicaba por sí misma una conducta ilícita y que los fondos permanecieron reservados durante varios años.
La defensa afirma que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, decidieron durante ese período “vivir como si no los tuvieran”, priorizando el ahorro con el objetivo de afrontar en el futuro la educación de sus hijos y su jubilación.
EL CAMBIO TRAS SU INGRESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA
Según la explicación presentada ante el fiscal, el comportamiento patrimonial de la pareja cambió después de que Adorni ingresara a la función pública.
La defensa sostiene que, por motivos de seguridad, el entonces funcionario dejó el departamento de la calle Asamblea y comenzó a buscar una vivienda que permitiera a la familia contar con mayor espacio y un entorno al aire libre.
En ese contexto, los fondos ahorrados comenzaron a utilizarse para la adquisición y remodelación de una propiedad en el country Indio Cuá y para la compra de un departamento ubicado en Miró 550.
Respecto de este último inmueble, el fiscal había solicitado específicamente explicaciones sobre los US$30.000 abonados en efectivo. La respuesta de Adorni sostiene que ese dinero provenía de sus ahorros.
La operación de compra del departamento contempló además un mecanismo particular: las dos jubiladas propietarias entregaron el inmueble a cambio de US$30.000 iniciales y el compromiso de cancelar otros US$200.000 dentro de un año, sin intereses.
La defensa también afirmó que los gastos realizados en viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas y matrículas escolares fueron afrontados con los ahorros previamente mencionados y con los ingresos declarados por Adorni y Angeletti.
LA REFACCIÓN DE LA CASA EN INDIO CUÁ
Otro de los puntos cuestionados en la investigación es el costo de las obras realizadas en la propiedad del country Indio Cuá.
Mientras una declaración del contratista Matías Tabar había ubicado el gasto en unos US$245.000, Adorni sostiene que las remodelaciones tuvieron un costo de US$175.000 y que fueron financiadas con sus ahorros.
La defensa también explicó el mecanismo utilizado para adquirir el lote 380 del country, valuado en US$120.000. Según el escrito, US$100.000 fueron financiados mediante un préstamo con garantía hipotecaria sobre el inmueble de la calle Asamblea 1132, mientras que los US$20.000 restantes fueron abonados en efectivo.
LAS RECTIFICACIONES DE LAS DECLARACIONES JURADAS
La defensa también buscó explicar las diferencias detectadas entre las declaraciones juradas originales y las posteriores rectificaciones.
Los abogados sostienen que las inconsistencias fueron producto de errores involuntarios y niegan que haya existido una intención de ocultar parte del patrimonio.
En esa línea, remarcaron que cuando la Justicia solicitó precisiones, las declaraciones ya habían sido corregidas. Por eso, argumentan que no podría atribuirse una maniobra destinada a inducir a error cuando la información patrimonial había sido rectificada previamente.
La presentación agrega que Adorni también pagó las obligaciones tributarias correspondientes a las declaraciones rectificadas.
Con este escrito, el exfuncionario buscó responder a cada uno de los puntos requeridos por la fiscalía y sostener que el crecimiento de su patrimonio cuenta con una explicación vinculada a recursos obtenidos antes de su llegada al Estado.
La investigación judicial deberá ahora analizar la documentación presentada y determinar si los argumentos y respaldos aportados resultan suficientes para explicar las inconsistencias patrimoniales detectadas.
