El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, anunció que impulsará “a título personal” un pedido ante el Consejo de la Magistratura contra Laura Beatriz De Marinis. La magistrada había sobreseído a un adolescente de 14 años y cuestionado la aplicación del nuevo esquema de responsabilidad penal juvenil.
El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, anunció que solicitará un jury contra la jueza Laura Beatriz De Marinis, luego de que la magistrada declarara inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en una causa por tentativa de robo.
La resolución judicial benefició a un adolescente de 14 años, que había sido denunciado por un hombre por un intento de robo. De Marinis, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3, resolvió sobreseerlo y cuestionó la utilización del sistema penal frente a menores que se encuentran por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal juvenil.
Tapia anticipó que presentará el pedido ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad y aclaró que lo hará a título personal.
EL CRUCE DEL MINISTRO CON LA DECISIÓN JUDICIAL
El funcionario porteño cuestionó duramente el fallo y sostuvo que la decisión judicial pone en discusión el trabajo legislativo realizado para modificar el régimen penal juvenil.
“Estamos indignados porque este tipo de fallos ponen en crisis todo un trabajo que se viene haciendo, que se hizo en el Congreso Nacional”, afirmó Tapia.
En ese marco, sostuvo que los jueces no deberían apartarse de lo establecido por los legisladores y anticipó que solicitará que el organismo encargado de evaluar la conducta de los magistrados analice el desempeño de De Marinis.
Tapia también afirmó que el fallo “ningunea” el debate parlamentario que derivó en la modificación del régimen y sostuvo que, si un magistrado no aplica una norma vigente, corresponde que su actuación sea evaluada.
TAPIA ASEGURÓ QUE LA LEY SIGUE VIGENTE
Uno de los puntos destacados por el ministro fue el alcance de la resolución judicial.
Tapia remarcó que la decisión de De Marinis no dejó sin efecto el Régimen Penal Juvenil en toda la Ciudad de Buenos Aires. Según explicó, se trata de una sentencia de primera instancia dictada dentro de una causa particular.
“Es un fallo de primera instancia que se aplica primero y principal a este único caso”, sostuvo el funcionario, y agregó: “La ley está vigente en la Ciudad”.
De esta manera, desde el Ministerio de Justicia porteño buscaron diferenciar el efecto concreto de la sentencia de una eventual declaración general que pudiera suspender la aplicación de la normativa.
QUÉ DIJO LA JUEZA EN SU FALLO
La resolución de De Marinis se centró en cuál debe ser la respuesta estatal frente a adolescentes que cometen una infracción penal cuando todavía no alcanzaron la edad mínima para ser responsabilizados penalmente.
La magistrada planteó que el debate no debería limitarse a la aplicación de una sanción, sino que el Estado debe considerar mecanismos destinados a la asistencia y garantía de derechos.
“¿Qué hacemos como sociedad cuando un niño o un adolescente por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal juvenil comete un delito?”, planteó en su resolución.
A partir de esa pregunta, De Marinis sostuvo que frente a una conducta que infringe la ley penal debe intervenir, en primer término, el conjunto de organismos estatales destinados a brindar asistencia y garantizar derechos.
La jueza también recurrió al principio de proporcionalidad para analizar si la reducción de la edad de punibilidad puede resultar regresiva en determinados casos.
“EL SISTEMA PENAL TIENE QUE SER EL ÚLTIMO RECURSO”
En otro tramo de la resolución, De Marinis cuestionó que la respuesta penal pueda terminar trasladando a los adolescentes las consecuencias de las falencias de los adultos y del propio Estado.
“Castigarlos por las faltas de respuestas del mundo adulto, significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto”, sostuvo la magistrada.
Al mismo tiempo, aclaró que su planteo no busca presentar como aceptable la comisión de delitos por parte de menores. Por el contrario, señaló que la intervención penal debería quedar reservada como último recurso.
“No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil”, escribió, antes de plantear que la incorporación de un adolescente al sistema penal debe ser excepcional y que, en determinadas trayectorias, puede terminar siendo utilizada como primera respuesta.
La decisión judicial y el anuncio de Tapia abrieron así una nueva disputa alrededor de la aplicación del régimen penal juvenil en la Ciudad, mientras el Consejo de la Magistratura deberá analizar, si el pedido finalmente se presenta, el planteo impulsado por el ministro porteño.
