Un audio presentado por el vicepresidente boliviano Edmand Lara expone una presunta negociación de sobornos de 15.000 dólares por aeronave. En paralelo, Estados Unidos canceló la visa del fiscal que impulsó las causas contra el consultor vinculado a Javier Milei.

Fernando Cerimedo, consultor político relacionado con Javier Milei y con dirigentes de la ultraderecha regional, volvió a quedar en el centro de una investigación en Bolivia. Un audio difundido por el vicepresidente Edmand Lara contiene una conversación en la que se habla de pagos de 15.000 dólares por avión para facilitar operaciones en distintos puntos del departamento de Beni, una zona amazónica fronteriza con Brasil.

La grabación aparece en línea con una denuncia que la abogada Nadia Beller había realizado en agosto y que vinculaba a su expareja con una presunta estructura destinada a facilitar vuelos sospechosos de transportar droga. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la cancelación de visas para 21 ciudadanos bolivianos, entre ellos el fiscal general Roger Mariaca, quien intervino en las investigaciones que llevaron a la detención de Cerimedo.

Beller interpretó la decisión estadounidense como una posible maniobra destinada a beneficiar al consultor y cuestionó que Washington sancionara precisamente a uno de los funcionarios que investigaban las denuncias en su contra.

EL AUDIO QUE PUSO EL FOCO EN LOS VUELOS

La conversación difundida por Lara involucra a Cerimedo y a una mujer cuya identidad todavía no fue establecida públicamente. En el intercambio se mencionan pagos de 15.000 dólares por aeronave y distintos puntos de aterrizaje en Beni.

La mujer plantea que las operaciones podrían realizarse en San Lorenzo de Moxos y Santa Rosa de Yacuma, con diez aviones para cada lugar, mientras que San Ramón de Beni quedaría momentáneamente descartado por un episodio violento que involucró al hijo del alcalde. En total, según el diálogo, se habla de unos 45 vuelos.

Cerimedo responde que necesita consultar con Franz William Cabrera y promete retomar la conversación dos horas después. Cabrera fue jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) y recientemente fue apartado de su cargo.

La grabación es analizada en el marco de una investigación que busca determinar si existió una estructura que permitía el ingreso y circulación de aeronaves vinculadas al narcotráfico a cambio de dinero.

RADARES, AERONAVES Y PRESUNTOS SOBORNOS

Las referencias del audio coinciden con elementos que ya habían aparecido en las denuncias de Beller y en la investigación encabezada por el fiscal Alexander Mendoza.

En chats difundidos previamente se mencionaban supuestos bloqueos de radares y maniobras destinadas a evitar la incautación de aeronaves consideradas sospechosas. De acuerdo con Mendoza, algunos aviones habrían sido liberados con la condición de instalar transpondedores, dispositivos que permiten identificar y localizar automáticamente las aeronaves. Sin embargo, según la investigación, esas condiciones tampoco se habrían cumplido en varios casos.

La cantidad de vuelos mencionada en la nueva grabación es uno de los elementos que generó mayor repercusión. Si fueran 45 operaciones mensuales y cada una implicara un pago de 15.000 dólares, el monto involucrado rondaría los 675.000 dólares por mes.

En el diálogo también aparecen referencias a controladores que estarían alineados con la estructura y a la necesidad de incorporar a otros funcionarios. La investigación analiza además posibles intervenciones de trabajadores de NAABOL, la entidad encargada de la navegación aérea y los aeropuertos bolivianos, y de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).

Otro aspecto que intenta establecer la fiscalía es si Cerimedo administraba un establecimiento rural ubicado en Santa Rosa de Yacuma, donde presuntamente también habrían aterrizado aeronaves sospechosas.

OTRO AUDIO Y UNA DISPUTA POR LAS COIMAS

Lara difundió además una segunda grabación relacionada con la presunta trama. En este caso, el intercambio gira alrededor de una disputa por los montos exigidos.

Según el contenido presentado por el vicepresidente, dos abogados que aseguraban actuar en representación del presidente Rodrigo Paz habrían intentado ingresar al esquema ofreciendo gestionar los vuelos por 10.000 dólares cada uno, por debajo de los 15.000 dólares mencionados anteriormente.

En la conversación, Cerimedo habla con Cabrera sobre la posibilidad de iniciar una causa contra esos abogados para apartarlos de la negociación. El contenido quedó incorporado al debate público mientras avanzan las investigaciones sobre la eventual estructura de protección de los vuelos.

ESTADOS UNIDOS CANCELÓ LA VISA DEL FISCAL QUE INVESTIGA A CERIMEDO

La situación se complejizó todavía más después de que el Departamento de Estado estadounidense anunciara la cancelación de visas para 21 ciudadanos bolivianos, entre fiscales, jueces y un jefe policial.

Entre los alcanzados figura Roger Mariaca. En la resolución difundida por la embajada estadounidense en La Paz, Washington lo acusa de solicitar y aceptar sobornos para facilitar actividades vinculadas con el narcotráfico y favorecer a personas involucradas en delitos violentos. El documento, sin embargo, no detalla los casos concretos ni presenta públicamente las pruebas en las que se sustentan esas acusaciones.

Mariaca había tenido un papel central en distintas investigaciones sobre delitos económicos y narcotráfico y también en el expediente por el presunto intento de femicidio contra Beller que derivó en la detención de Cerimedo.

La abogada cuestionó públicamente la decisión estadounidense y planteó si la medida podía terminar beneficiando al consultor. Según Beller, la contradicción radica en que Washington sostiene que combate redes de corrupción y narcotráfico mientras sanciona al fiscal que investiga una estructura de esas características.

EL NUEVO ABOGADO DE CERIMEDO HABLÓ DE UNA POSIBLE LIBERTAD

Mientras las investigaciones avanzan en Bolivia, el nuevo abogado de Cerimedo en Argentina, Yamil Castro Bianchi, sostuvo que existen expectativas de que su cliente recupere la libertad en noviembre.

En declaraciones a Radio del Plata, el abogado aseguró que hay personas que habrían traicionado a Cerimedo y anticipó que podrían producirse movimientos políticos y judiciales durante los próximos meses. También cuestionó públicamente a Javier y Karina Milei, a quienes calificó como “los hermanos macana”, y afirmó que ambos habrían traicionado a su representado.

Castro Bianchi también mencionó una eventual intervención de La Derecha Diario y sostuvo que Cerimedo podría recuperar su participación en ese espacio una vez que quede en libertad.

En Bolivia, en cambio, la defensa de Beller mantiene otra perspectiva sobre la situación judicial del consultor. Jerjes Justiniano señaló que Cerimedo enfrenta actualmente dos prisiones preventivas: una por la causa vinculada con el presunto intento de femicidio y otra por enriquecimiento ilícito.

Además, existe otro expediente por una denuncia de violencia de género relacionada con una agresión contra Beller ocurrida en junio. A esto se suma la investigación sobre los presuntos vínculos con vuelos relacionados con narcotráfico, donde todavía deberá determinarse si la fiscalía solicitará una nueva medida de prisión preventiva.

Este miércoles está prevista una audiencia relacionada con la apelación presentada en la causa por el presunto intento de femicidio.

UNA INVESTIGACIÓN QUE SIGUE SUMANDO CAPÍTULOS

El caso Cerimedo acumula así distintas investigaciones abiertas en Bolivia, mientras aparecen nuevos elementos vinculados con las acusaciones formuladas contra el consultor.

La difusión de los audios volvió a poner bajo la lupa su presunta relación con operadores vinculados a la lucha contra el narcotráfico y con funcionarios encargados del control aéreo. En paralelo, la decisión de Estados Unidos de cancelar la visa de Mariaca abrió una nueva controversia alrededor del expediente.

Cerimedo permanece detenido en el penal de Chonchocoro, en La Paz, mientras la Justicia boliviana analiza las distintas causas. Las acusaciones difundidas públicamente deberán ser determinadas en las investigaciones y procesos judiciales correspondientes.