La oposición impulsa el rechazo del DNU 70/23 y apunta al 15 de octubre, en coincidencia con la Marcha Federal Universitaria. En paralelo, Unión por la Patria presentó en el Senado un proyecto para restablecer la Ley de Tierras a través de la derogación de su artículo 154.
La decisión de la Corte Suprema que dejó nuevamente operativo el artículo 154 del DNU 70/23 abrió un nuevo frente político para el Gobierno de Javier Milei. Mientras la Casa Rosada asegura que el fallo la tomó por sorpresa, el peronismo comenzó a trabajar para llevar el decreto al recinto de Diputados y buscar su rechazo definitivo.
La fecha que aparece como objetivo es el 15 de octubre, jornada en la que está prevista una nueva Marcha Federal Universitaria. La intención opositora es hacer confluir ambas movilizaciones y trasladar al Congreso el reclamo contra la derogación de la Ley de Tierras.
El DNU ya fue rechazado por el Senado en marzo de 2024. Para que quede definitivamente sin efecto, resta que Diputados se pronuncie en el mismo sentido. La oposición reconoce que todavía no cuenta con los votos asegurados y por eso apuesta a combinar la presión parlamentaria con la movilización callejera.
DOS VÍAS PARA VOLVER A PONER EN DEBATE LA LEY DE TIERRAS
El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, se reunió con integrantes del CECIM La Plata, la organización de excombatientes que había recurrido a la Justicia contra el decreto. Tras el encuentro, adelantó que su espacio buscará convocar una sesión especial.
Martínez calificó el pronunciamiento judicial como “absolutamente escandaloso” y sostuvo que genera una situación de vulnerabilidad para la soberanía territorial. También remarcó que el Senado ya había rechazado cualquier modificación de la normativa sobre tierras rurales.
En el Senado, Unión por la Patria abrió además una segunda alternativa. José Mayans, Juliana di Tullio y Fernando Salino presentaron un proyecto destinado exclusivamente a derogar el artículo 154 del DNU 70/23, con el objetivo de volver a poner en vigencia la Ley de Tierras de 2011.
La norma había establecido, entre otras restricciones, un límite del 15 por ciento para la titularidad extranjera de tierras rurales. La propuesta busca así concentrar la discusión en el artículo que eliminó esas restricciones, una estrategia orientada a facilitar acuerdos con sectores que no acompañarían necesariamente el rechazo integral del DNU.
Mientras tanto, en Diputados, Martín Menem analiza reactivar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada como una respuesta a la ofensiva opositora y una herramienta para contener a los bloques aliados del oficialismo.
LA CALLE COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA
La oposición considera que el escenario parlamentario exige sumar presión social. El rechazo al fallo podría coincidir con la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La posibilidad de una jornada conjunta permitiría reunir dos reclamos diferentes en una misma movilización nacional: el financiamiento de las universidades y el rechazo a la eliminación de los límites para la propiedad extranjera de tierras rurales.
Desde Unión por la Patria admiten que el decreto lleva más de dos años pendiente de tratamiento en Diputados y que, pese al rechazo del Senado, hasta ahora no consiguieron reunir las mayorías necesarias para avanzar.
El senador Eduardo De Pedro cuestionó el fallo y sostuvo que afecta la soberanía y el derecho de los excombatientes de Malvinas a recurrir a la Justicia. “Es repudiable. Va en contra de la voluntad popular, del interés nacional, de la división de poderes, de la Constitución y de los fundamentos de la Nación”, afirmó.
RESPALDO DE DISTINTOS SECTORES DE LA OPOSICIÓN
La reacción contra el fallo también alcanzó a otros sectores políticos y sindicales.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof calificó el pronunciamiento como “el fallo de la infamia” y afirmó que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular. La CGT, por su parte, reclamó que el Congreso vuelva a poner en vigencia la Ley de Tierras y sostuvo que la tierra argentina no debería ser considerada una mercancía.
Desde la UCR, el senador Martín Lousteau cuestionó el vínculo entre las instituciones y la ciudadanía a partir de la resolución de la Corte. Elisa Carrió también reclamó a los legisladores que rechacen el DNU.
En el Frente de Izquierda, Myriam Bregman pidió directamente anular el decreto y llamó a una convocatoria urgente de Diputados. En tanto, organizaciones sociales y partidos de izquierda anunciaron actividades para organizar la protesta contra el fallo.
EL GOBIERNO BUSCA CONTENER EL FRENTE LEGISLATIVO
La resolución judicial también generó incomodidad dentro del oficialismo. Dirigentes cercanos al Gobierno aseguran que el fallo no fue impulsado por la Casa Rosada y que su contenido los tomó por sorpresa.
La preocupación está vinculada al impacto que puede tener la discusión sobre tierras en una agenda legislativa que ya incluye el Presupuesto 2027, la reforma política y la eliminación de las PASO, además de las negociaciones relacionadas con la cuestión de las Islas Malvinas.
El Gobierno deberá ahora evaluar cómo responder a una oposición que busca aprovechar el escenario judicial para reabrir una discusión que permanece trabada en Diputados desde 2024.
Milei, mientras tanto, intentó tomar distancia del pronunciamiento de la Corte. Durante una entrevista desde París, dijo que no quería intervenir en las decisiones del máximo tribunal y afirmó: “Me parece fantástico que la Corte falle lo que le parezca correcto respecto de la Constitución”.
El Presidente agregó: “Yo no tengo que meterme. Después vivimos llorando republicanismo”.
EL EFECTO JUDICIAL DEL FALLO
Más allá de la disputa por la Ley de Tierras, el pronunciamiento de la Corte establece un criterio que puede tener consecuencias en futuros cuestionamientos contra los decretos del Gobierno.
El tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras. La decisión se concentró en la legitimación de quienes habían presentado la demanda y concluyó que no existía un “caso o controversia” que habilitara a la Justicia a avanzar sobre el fondo.
De esta manera, futuras organizaciones que pretendan cuestionar medidas de alcance general deberán primero demostrar que cuentan con una legitimación concreta para llevar el planteo ante los tribunales.
Ese aspecto procesal puede convertirse en una nueva barrera para las demandas colectivas contra decisiones del Poder Ejecutivo. Mientras tanto, la oposición apuesta a trasladar la discusión nuevamente al Congreso y buscar allí una definición sobre el DNU 70/23.
