El vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que la compra de tierras argentinas por parte de extranjeros no afecta la soberanía porque los terrenos permanecen dentro del territorio nacional. Sus declaraciones se conocieron luego del fallo de la Corte Suprema que volvió a poner en vigencia la derogación de la Ley de Tierras incluida en el DNU 70/23.
El Gobierno de Javier Milei volvió a cerrar filas en defensa del DNU 70/2023 y de la eliminación de las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
El vocero presidencial Adrián Ravier defendió públicamente la postura oficial durante una conferencia de prensa y aseguró que la compra de tierras por parte de ciudadanos de otros países no implica una pérdida de soberanía territorial.
“De ninguna manera que un extranjero compre una tierra en la Argentina le hace a la Argentina perder soberanía”, sostuvo Ravier, quien insistió en que “la tierra continúa en la Argentina”.
Sus declaraciones se produjeron después del fallo de la Corte Suprema que dejó nuevamente vigente el artículo 154 del DNU 70/23, una disposición que había derogado la denominada Ley de Tierras, sancionada en 2011.
EL ARGUMENTO DEL GOBIERNO
Ravier cuestionó las restricciones que establecía la normativa y las definió como regulaciones que, según la mirada oficial, habían limitado la llegada de inversiones y el desarrollo de determinadas actividades productivas.
El funcionario sostuvo además que los extranjeros tienen los mismos derechos civiles que los ciudadanos argentinos y afirmó que quienes quieran invertir en el país son bienvenidos.
Como ejemplo, mencionó la posibilidad de que capitales extranjeros compren tierras para desarrollar distintas actividades económicas.
Entre los casos enumerados por el vocero estuvieron la instalación de cotos de caza, la producción de limones en Tucumán y el cultivo de soja, cereales y oleaginosas en La Pampa. También mencionó la producción frutícola en Río Negro, particularmente de manzanas y peras.
La posición oficial vuelve a poner en el centro de la discusión el alcance que debe tener la regulación sobre la propiedad de tierras rurales, especialmente en zonas consideradas estratégicas por sus recursos naturales.
EL DNU 70/23, OTRA VEZ EN EL CENTRO DE LA DISPUTA
El Gobierno también salió a defender el DNU 70/2023 en su conjunto, mientras la oposición prepara una nueva ofensiva parlamentaria para intentar rechazarlo.
El decreto ya había sido rechazado por el Senado y los bloques opositores convocaron a una sesión para el 15 de noviembre, con el objetivo de avanzar contra la vigencia del megadecreto impulsado por Milei.
Frente a ese escenario, Ravier expresó su confianza en que la iniciativa opositora no consiga avanzar.
“Somos optimistas de que no va a pasar”, afirmó el vocero presidencial.
El debate adquirió una nueva dimensión luego de que el fallo de la Corte Suprema permitiera que volviera a tener efecto la disposición del DNU que había eliminado las restricciones establecidas por la Ley de Tierras.
LOS ARGUMENTOS DEL OFICIALISMO
Durante su exposición, Ravier también enumeró lo que el Gobierno considera resultados positivos derivados del DNU.
Entre ellos mencionó la derogación de la Ley de Alquileres, la modificación del esquema de regulación de las cuotas de las empresas de medicina prepaga y la eliminación de herramientas estatales destinadas al control de precios.
Para el Ejecutivo, estas medidas forman parte de un mismo modelo basado en la reducción de regulaciones y en una mayor participación del mercado en la determinación de precios y condiciones comerciales.
“La lógica es sencilla: los precios, la oferta y las condiciones comerciales deben decidirse por la competencia y las decisiones de los consumidores”, planteó Ravier.
Sin embargo, esas reformas también fueron objeto de cuestionamientos por parte de sectores opositores, organizaciones sociales y distintos actores afectados por las medidas, que advierten sobre el impacto de la desregulación en áreas como vivienda, salud y protección de recursos estratégicos.
SOBERANÍA Y PROPIEDAD: EL DEBATE QUE QUEDÓ ABIERTO
Las declaraciones del vocero volvieron a instalar una discusión que excede la cuestión económica: qué significa soberanía territorial y qué límites debería tener la propiedad extranjera sobre tierras argentinas.
Mientras el Gobierno sostiene que la nacionalidad del propietario no modifica la pertenencia territorial del suelo argentino, los sectores que defienden la continuidad de la Ley de Tierras plantean que la concentración de propiedades en manos extranjeras puede tener consecuencias económicas, productivas y estratégicas.
El conflicto ahora tendrá dos escenarios simultáneos: el Congreso, donde la oposición buscará avanzar contra el DNU, y la discusión pública sobre el alcance de las restricciones a la adquisición de tierras rurales.
