La Casa Rosada intenta impedir que Diputados discuta el 15 de octubre el DNU 70/2023. Para eso negocia con gobernadores y bloques dialoguistas, mientras espera que una eventual definición de la Corte sobre la Ley de Tierras alivie la presión sobre el Congreso.
A una semana de la sesión convocada para tratar el DNU 70/2023, el Gobierno de Javier Milei concentra sus esfuerzos en evitar que la oposición consiga los 129 diputados necesarios para abrir el recinto.
El decreto, que concentra buena parte de las principales desregulaciones impulsadas por la administración libertaria, quedó nuevamente en el centro de la disputa parlamentaria. La oposición busca reunir los votos para avanzar contra la norma, mientras el oficialismo intenta sostenerla mediante negociaciones políticas y acuerdos con gobernadores.
Los conteos que circulan en Diputados indican que todavía faltan alrededor de 15 legisladores para que la oposición pueda garantizar el quórum. Esa diferencia explica buena parte de la ofensiva política de la Casa Rosada durante los últimos días.
GOBERNADORES Y ACUERDOS ELECTORALES, EN EL CENTRO DE LA PELEA
El Gobierno encontró en los gobernadores una pieza clave para intentar bloquear la sesión.
Las recientes reuniones entre dirigentes oficialistas y mandatarios provinciales, entre ellos Gustavo Sáenz y Raúl Jalil, encendieron las alarmas en los bloques opositores, que necesitan retener a los diputados de esas provincias para llegar al número requerido.
La discusión parlamentaria se mezcla así con las negociaciones políticas y electorales entre las provincias y la Casa Rosada.
En ese escenario, la oposición intenta sumar legisladores de Catamarca, Salta, Tucumán, Córdoba, Neuquén y Chubut, mientras el oficialismo busca evitar que esos diputados acompañen la convocatoria.
Misiones aparece como una excepción. El gobernador Hugo Passalacqua anunció una presentación judicial contra el DNU y tres de los cuatro diputados misioneros anticiparon que votarían contra el decreto.
EL DNU Y LA POLÉMICA POR LAS TIERRAS
Uno de los puntos que volvió a poner al decreto bajo la lupa es el artículo 154, que derogó la Ley de Tierras Rurales y eliminó las restricciones existentes para la adquisición de esos terrenos por extranjeros.
La medida generó cuestionamientos de organizaciones sociales, ambientales y sectores políticos que advierten sobre sus posibles consecuencias en materia de control territorial.
El oficialismo, que había impulsado la desregulación, ahora evalúa una salida legislativa para intentar contener el conflicto: incorporar nuevamente límites a la compra de tierras por extranjeros dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La alternativa resulta políticamente significativa porque implicaría discutir dentro de otra ley una restricción que el propio Gobierno había eliminado mediante el DNU.
EL GOBIERNO TAMBIÉN MIRA A LA CORTE
La Casa Rosada tiene además la mirada puesta en la Corte Suprema, que recientemente convocó a dos conjueces para intervenir en un expediente iniciado por la organización ambiental Árbol de Pie contra la derogación de la Ley de Tierras.
El Gobierno espera que una eventual resolución judicial sobre ese expediente pueda disminuir la presión para que el Congreso revierta por ley el artículo 154.
La oposición sostiene que el debate debe resolverse en el Parlamento y mantiene su reclamo para avanzar contra el DNU.
Así, una parte de la disputa que debería resolverse en el Congreso quedó también vinculada a una causa judicial todavía pendiente.
EL PLAN DEL OFICIALISMO SI NO PUEDE EVITAR LA SESIÓN
Ante la posibilidad de que la oposición no alcance el quórum, el oficialismo prepara una estrategia para la semana siguiente.
La idea es convocar una sesión con proyectos reclamados por los sectores dialoguistas, entre ellos la nueva legislación sobre discapacidad, iniciativas vinculadas al endeudamiento y la denominada Ley de Soberanía.
También se incluirían proyectos promovidos por aliados del Gobierno, como el referido al vandalismo rural y la transferencia del Centro de Acopio y Embarque Barranqueras a la provincia del Chaco.
La maniobra permitiría al oficialismo ofrecer una agenda alternativa y evitar que el rechazo al DNU concentre toda la discusión parlamentaria.
PIChetto CUESTIONA EL AVANCE SOBRE LAS TIERRAS
El diputado Miguel Ángel Pichetto planteó otra alternativa: incorporar el restablecimiento de la Ley de Tierras dentro de la Ley de Soberanía y dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023.
La propuesta fue descartada por el oficialismo.
Además, Pichetto y Nicolás Massot presentaron una medida cautelar ante la Justicia para intentar frenar la venta de tierras a extranjeros. Tras el rechazo del planteo preventivo, Pichetto cuestionó la decisión y advirtió públicamente sobre las consecuencias que, según su interpretación, puede tener la eliminación de las restricciones.
UNA SEMANA CLAVE PARA EL DNU
La disputa llegará al recinto el 15 de octubre si la oposición consigue reunir los 129 diputados necesarios.
Hasta entonces, el Gobierno continuará negociando con gobernadores y legisladores, mientras espera definiciones judiciales y prepara una agenda alternativa para el caso de que la sesión no consiga avanzar.
El resultado dependerá, en buena medida, de si los bloques dialoguistas mantienen sus posiciones actuales o terminan acompañando la estrategia de la Casa Rosada para impedir que el DNU 70/2023 sea sometido a una nueva votación en Diputados.
