La administración de Javier Milei les dio plazo hasta el 31 de octubre para presentar sus planes de trabajo y justificar los presupuestos de 2027. La medida llega mientras el Ejecutivo continúa sin cumplir con la ley de Financiamiento Universitario y crece la tensión con la comunidad educativa.
A pocas horas de una nueva marcha federal en defensa de la universidad pública, el Gobierno nacional volvió a poner el foco sobre las cuentas de las casas de altos estudios. Mediante la Resolución 311/2026, la administración de Javier Milei estableció un plazo de 15 días para que las universidades nacionales presenten sus planes de trabajo para 2027 y fundamenten los gastos previstos para el próximo año.
La disposición fue publicada en el Boletín Oficial y fija pautas para la planificación, ejecución y seguimiento de las actividades universitarias. Las instituciones deberán presentar la documentación requerida antes del 31 de octubre de 2026, a través del Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC).
La medida se enmarca en las tareas de auditoría interna de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el organismo encargado del control interno del Poder Ejecutivo. La decisión reaviva el conflicto entre el Gobierno y las universidades, que reclaman el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario y advierten sobre el deterioro de los recursos destinados a la educación superior.
QUÉ INFORMACIÓN DEBERÁN PRESENTAR LAS UNIVERSIDADES
La resolución establece que cada institución tendrá que elaborar sus planes en función de su estructura, dimensión, distribución territorial y actividades. También deberá detallar el perfil de los profesionales involucrados en las tareas previstas.
Entre los aspectos que deberán documentarse se encuentran las actividades proyectadas, las recomendaciones de auditoría y las posibles medidas correctivas. Toda esa información tendrá que quedar registrada en el SISAC y acompañada por los documentos correspondientes.
El requerimiento incluye, además, información sobre distintas áreas administrativas y financieras, entre ellas:
- Presupuestos, finanzas y rendición de fondos.
- Compras y contrataciones.
- Transferencias y convenios.
- Patrimonio e infraestructura.
- Personal y liquidación de haberes.
Los planes serán sometidos a evaluación y sus rendiciones quedarán bajo revisión de las autoridades nacionales, que analizarán la documentación vinculada con los gastos y los recursos asignados.
La exigencia, sin embargo, no implica por sí misma que se hayan detectado irregularidades ni constituye una denuncia contra las universidades. El eje de la controversia está puesto en el alcance de la supervisión y en la utilización política de los controles sobre las instituciones educativas.
TENSIÓN POR EL FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO
El anuncio se produce en medio de una disputa que se profundizó desde el inicio de la gestión de Milei. En 2024, el Presidente cuestionó públicamente a las autoridades universitarias y las acusó de resistirse a los controles sobre el uso de los fondos públicos.
En aquel momento, sostuvo que existían sectores que no querían ser auditados y utilizó expresiones como “los chorros están en peligro”, declaraciones que generaron fuertes críticas en el ámbito académico.
Desde entonces, el Gobierno mantuvo sus cuestionamientos sobre la administración de los recursos universitarios, mientras rectores, docentes, estudiantes y trabajadores sostuvieron sus reclamos por el presupuesto y el financiamiento del sistema público.
Las universidades cuentan con mecanismos propios de control y auditoría, en el marco de su autonomía institucional. Por eso, la nueva disposición vuelve a abrir el debate sobre la relación entre la fiscalización estatal, las competencias de los organismos de control y la autonomía universitaria.
LA MEDIDA LLEGA ANTES DE UNA NUEVA MARCHA FEDERAL
La resolución se conoció en la antesala de la quinta marcha federal universitaria, convocada para defender la educación pública y reclamar respuestas al desfinanciamiento del sistema.
El conflicto tiene como uno de sus principales ejes la ley de Financiamiento Universitario, cuyo cumplimiento sigue siendo objeto de disputa entre las instituciones y el Poder Ejecutivo. Según el planteo de la comunidad educativa, la falta de actualización de los recursos compromete el funcionamiento de las universidades y el sostenimiento de sus actividades académicas.
En ese contexto, la exigencia de presentar planes y justificar gastos para 2027 suma un nuevo foco de tensión. Mientras el Gobierno sostiene la necesidad de supervisar el uso de los fondos públicos, las universidades denuncian que los controles se desarrollan en paralelo a la falta de respuestas sobre sus necesidades presupuestarias.
La controversia vuelve a colocar a la educación superior en el centro de la discusión política: por un lado, el Ejecutivo insiste en revisar los gastos; por el otro, la comunidad universitaria exige que se garantice el financiamiento establecido por ley y se respete la autonomía de las instituciones.
