Miles de personas se movilizaron en Buenos Aires y en distintos puntos del país para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y defender la educación pública. La protesta reunió reclamos de estudiantes, docentes, jubilados y organizaciones sociales, pero terminó marcada por el accionar de las fuerzas de seguridad y el uso de gases lacrimógenos y balas de goma.
La quinta Marcha Federal Universitaria volvió a mostrar la amplitud del rechazo a las políticas del Gobierno de Javier Milei en materia educativa y social. Bajo la consigna de defender la educación, la soberanía y la democracia, una multitud recorrió las calles de la Ciudad de Buenos Aires y protagonizó movilizaciones en distintas provincias.
La convocatoria tuvo como eje principal el reclamo por el financiamiento de las universidades nacionales y el cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso. Sin embargo, también incorporó demandas de otros sectores afectados por las políticas económicas, entre ellos jubilados, personas con discapacidad, trabajadores y organizaciones que defienden la soberanía nacional.
La jornada estuvo atravesada por la tensión con las fuerzas de seguridad. El operativo policial incluyó carros hidrantes, gases lacrimógenos y disparos de balas de goma, en un despliegue que se prolongó durante varias horas y obligó a finalizar anticipadamente el acto central frente al Congreso.
UNIVERSIDADES CONTRA EL DESFINANCIAMIENTO
El reclamo universitario estuvo encabezado por autoridades académicas, organizaciones estudiantiles y gremios docentes y no docentes. En un documento conjunto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y distintas federaciones sindicales cuestionaron al Ejecutivo por no cumplir las leyes con las que está en desacuerdo y por desatender decisiones judiciales que le exigen aplicarlas.
Las organizaciones advirtieron que esa conducta debilita las atribuciones del Congreso y favorece una modalidad de gobierno basada en decretos de necesidad y urgencia (DNU), en lugar de respetar los procedimientos legislativos.
El documento también incorporó el rechazo al DNU 70/2023, al que las entidades consideran contrario al debate parlamentario y a las normas aprobadas por los representantes legislativos.
La movilización se produjo, además, después de que el Gobierno anunciara nuevas exigencias administrativas para las universidades, que deberán presentar sus planes de trabajo para 2027 y justificar sus presupuestos ante la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). La disposición fue interpretada por sectores de la comunidad educativa como una nueva presión en medio de la disputa por los recursos destinados a la educación superior.
UNA MARCHA QUE SUMÓ OTROS RECLAMOS SOCIALES
Aunque la defensa de la universidad pública fue el principal motor de la convocatoria, la protesta funcionó como un espacio de convergencia para diferentes demandas sociales y políticas.
Durante el acto se escucharon reclamos vinculados con los derechos de las personas con discapacidad, la situación de los jubilados, el endeudamiento de las familias y la defensa de la soberanía. También participaron representantes del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que sumaron sus planteos relacionados con la soberanía nacional y la Ley de Tierras.
El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, destacó el acompañamiento ciudadano a las universidades y agradeció a quienes participaron de la movilización. Luego, el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, y el vicepresidente de la entidad, Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro, remarcaron la continuidad de las protestas en defensa de la educación superior, la ciencia y la salud públicas.
Las autoridades universitarias cuestionaron la decisión del Gobierno de no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, pese a su aprobación legislativa y a los pronunciamientos judiciales vinculados con su cumplimiento.
Desde el escenario, los representantes señalaron que el conflicto excede una discusión presupuestaria y afecta las posibilidades de desarrollo científico, la formación de nuevas generaciones y el acceso a la educación.
REPRESIÓN Y HERIDOS DURANTE LA JORNADA
La intervención de las fuerzas de seguridad se convirtió en uno de los aspectos más graves de la jornada. Según las crónicas del lugar, los efectivos utilizaron carros hidrantes y gases lacrimógenos durante la tarde, y posteriormente intervinieron con policías motorizados y balas de goma.
También trascendió el caso de una joven que habría recibido seis impactos de balas de goma por la espalda y que fue atendida en el Hospital Ramos Mejía.
Mientras las autoridades nacionales defendieron el operativo y denunciaron supuestos intentos de generar disturbios, desde sectores de la movilización cuestionaron la magnitud de la respuesta policial frente a una concentración multitudinaria.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo en redes sociales que grupos violentos buscaban desafiar a las fuerzas de seguridad y provocar caos. Sin embargo, desde organizaciones estudiantiles señalaron que los incidentes protagonizados por algunas personas no representaban el carácter general de la protesta y denunciaron que la represión alcanzó a manifestantes pacíficos.
Los centros de estudiantes de las facultades de Ciencias Sociales, Filosofía y Letras y Psicología de la UBA también cuestionaron el accionar del Gobierno. Afirmaron que se trató de la primera Marcha Federal Universitaria en la que se reprimió a estudiantes y vincularon el episodio con las actuaciones judiciales contra participantes de una sentada pacífica realizada días antes en el Palacio Pizzurno.
Los gases lacrimógenos llegaron incluso hasta el escenario, donde se encontraban rectores y representantes de la comunidad universitaria. Ante esa situación, los organizadores resolvieron finalizar el acto antes de lo previsto.
UNA CONVOCATORIA MULTISECTORIAL EN TODO EL PAÍS
Desde las primeras horas del día, las columnas comenzaron a concentrarse en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Agrupaciones estudiantiles marcharon desde sus facultades y desde Plaza Houssay, mientras que sindicatos docentes y no docentes, centros de estudiantes secundarios y organizaciones sociales se sumaron a la movilización.
También participaron la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Confederación General del Trabajo (CGT), Camioneros, agrupaciones políticas y partidos de izquierda, entre otros espacios.
La columna principal avanzó por la avenida de Mayo con una bandera en defensa de la universidad pública y la democracia, portada por rectores, representantes gremiales y estudiantes. El gobernador bonaerense Axel Kicillof también estuvo presente.
La movilización estuvo acompañada por carteles, lápices y cuadernos, además de guardapolvos blancos de trabajadores de hospitales universitarios y símbolos vinculados con la comunidad científica. Las consignas destacaron el papel de la educación pública como herramienta de movilidad social, igualdad de oportunidades y construcción de soberanía.
Las manifestaciones también tuvieron réplicas en distintas provincias, lo que amplió el alcance nacional de la jornada y reforzó el reclamo del sistema universitario.
EL MENSAJE FINAL DE LOS ESTUDIANTES
Con el acto interrumpido por los gases y el avance del operativo policial, Joaquín Carvalho, representante de la Federación Universitaria Argentina, cerró la convocatoria con un mensaje dirigido al Presidente.
El dirigente estudiantil sostuvo que la universidad pública continuará defendiendo el derecho de las personas a construir su futuro, más allá de las decisiones del Gobierno. También reivindicó el carácter democrático de la educación superior y el compromiso de la comunidad universitaria con su continuidad.
La quinta Marcha Federal Universitaria dejó así una nueva demostración de fuerza de estudiantes, docentes, trabajadores y sectores sociales que reclaman respuestas al ajuste presupuestario. Al mismo tiempo, el operativo de seguridad y las denuncias por la represión sumaron otro capítulo al conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas.
