El Gobierno nacional dispuso que las compras de equipamiento militar queden fuera de las obligaciones habituales de publicidad y difusión. La medida, impulsada por el Ministerio de Defensa que conduce Carlos Presti, se apoya en un decreto de 1963 firmado durante el gobierno de facto de José María Guido y permite mantener bajo reserva los materiales adquiridos, sus proveedores, países de origen y presupuestos.
El gobierno de Javier Milei profundiza la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a la defensa nacional. A través de un nuevo decreto, el Poder Ejecutivo estableció el secreto militar sobre operaciones de adquisición de equipamiento para las Fuerzas Armadas, lo que permitirá mantener fuera del conocimiento público información sobre las compras realizadas y sus condiciones.
La decisión fue oficializada mediante el decreto 1202/2026, publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial, y lleva adelante una política de reserva que el Gobierno ya había ampliado en otras oportunidades.
La medida habilita a los organismos contratantes a realizar las adquisiciones comprendidas en el secreto militar sin cumplir con las disposiciones habituales de publicidad y difusión de los procedimientos.
De esta manera, la ciudadanía no podrá conocer públicamente qué materiales se compran, en qué cantidades, a qué empresas, de qué países provienen ni cuáles son los montos involucrados, mientras esas operaciones permanezcan bajo reserva.
UN DECRETO DE LA DICTADURA PARA JUSTIFICAR EL SECRETO
Uno de los aspectos más controvertidos de la decisión es su fundamento normativo.
El Ministerio de Defensa recurrió a un decreto de 1963, dictado durante el gobierno de facto de José María Guido, que establecía la confidencialidad de adquisiciones, fabricaciones, construcciones y negociaciones vinculadas con el equipamiento militar.
La administración libertaria ya había utilizado esa normativa en dos oportunidades durante 2024.
En abril de ese año, mediante el decreto 307/2024, el Ejecutivo amplió disposiciones vinculadas con el Sistema de Defensa Nacional y mantuvo bajo reserva información relacionada con determinadas adquisiciones militares.
Posteriormente, en septiembre, el decreto 807/2024 extendió el alcance del secreto a contrataciones, obras de infraestructura e importaciones relacionadas con la incorporación de sistemas de armas.
Aquellas decisiones fueron adoptadas durante la gestión de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa. Ahora, con Carlos Presti en el cargo, el Gobierno vuelve a recurrir a esa herramienta para restringir la información pública sobre operaciones militares.
COMPRAS Y CONTRATACIONES FUERA DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO
El nuevo decreto sostiene que la información sobre el material adquirido o por adquirir deberá ser conocida únicamente por personas autorizadas.
El argumento oficial es que su divulgación podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa del país.
El texto establece que, una vez declarado el secreto militar sobre una operación contractual, los organismos responsables podrán continuar con los trámites correspondientes y quedarán exceptuados de las disposiciones sobre publicidad y difusión de las actuaciones.
Además, Presti queda facultado para instrumentar las medidas necesarias para aplicar ese régimen de reserva.
La decisión abre interrogantes sobre los mecanismos de control de los recursos públicos destinados a estas operaciones. Si bien la confidencialidad puede justificarse para proteger información militar sensible, la amplitud de las excepciones a la publicidad plantea cuestionamientos sobre la posibilidad de conocer cómo se utilizan los fondos estatales.
La norma no detalla públicamente cuáles son los equipos involucrados ni identifica proveedores, cantidades o presupuestos.
EL AJUSTE PARA UNOS Y EL SECRETO PARA OTROS
La decisión llega en un contexto en el que el Gobierno nacional sostiene una política de fuerte ajuste del gasto público y exige restricciones presupuestarias en distintas áreas del Estado.
Mientras la administración de Milei defiende la austeridad fiscal y limita recursos para políticas públicas, las operaciones militares alcanzadas por el decreto podrán desarrollarse sin que sus costos y condiciones sean difundidos públicamente.
El contraste vuelve a poner en discusión las prioridades de la Casa Rosada y los criterios utilizados para administrar los recursos estatales.
El Ejecutivo justifica la medida por razones de seguridad nacional, pero no explica públicamente qué adquisiciones específicas requieren ese nivel de confidencialidad.
MÁS OPACIDAD EN LA POLÍTICA DE DEFENSA
La nueva disposición también se produce en medio de las tensiones diplomáticas vinculadas con la cuestión Malvinas y de los debates sobre la política de defensa impulsada por el oficialismo.
Con esta decisión, el Gobierno amplía el uso de mecanismos de reserva sobre contrataciones militares, una práctica que ya había aplicado durante la gestión de Petri y que ahora continúa bajo la conducción de Presti.
El punto central de la controversia es la transparencia: aunque determinadas operaciones de defensa pueden requerir confidencialidad, el decreto permite excluir su difusión pública sin precisar en el propio texto los materiales, montos o proveedores involucrados.
En un Gobierno que convirtió el control del gasto en uno de sus principales discursos políticos, la decisión de mantener bajo secreto información sobre compras militares plantea una contradicción que exige explicaciones sobre los límites entre seguridad nacional y rendición de cuentas.
