Tres presentaciones judiciales cuestionan la intervención del Gobierno argentino en el traslado del excandidato brasileño hacia Estados Unidos. Las denuncias incluyen a funcionarios de Cancillería, Seguridad y otros organismos, y piden esclarecer quién organizó y financió el operativo.
La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil rumbo a Estados Unidos derivó en al menos tres denuncias penales contra Javier Milei y distintos funcionarios de su Gobierno. Las presentaciones cuestionan la posible utilización de recursos estatales para facilitar el traslado del excandidato presidencial brasileño, quien enfrenta investigaciones judiciales en su país.
Las denuncias fueron impulsadas por Gabriel Solano, Esteban Paulón y Marcela Pagano, quienes solicitaron que la Justicia federal investigue cómo se produjo el ingreso de Bolsonaro a Argentina y qué participación tuvieron las autoridades nacionales.
Entre los funcionarios mencionados se encuentran el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el asesor presidencial Santiago Caputo.
Las acusaciones incluyen posibles delitos de encubrimiento, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, aunque todavía no se ha determinado que se haya cometido alguno de ellos.
Del ingreso negado al reconocimiento de Migraciones
Uno de los aspectos centrales del caso es el cambio en la información oficial sobre el paso de Bolsonaro por territorio argentino.
En un primer momento, las autoridades negaron que el dirigente hubiera ingresado al país.
Sin embargo, durante la madrugada del miércoles, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Bolsonaro había cruzado la frontera por el Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones, a las 22:50 del 27 de octubre.
El excandidato viajaba acompañado por su esposa y sus dos hijas.
Según el organismo, presentó un pasaporte italiano válido y su familia utilizó documentación brasileña. Migraciones sostuvo que no existían restricciones legales para impedir el ingreso.
El dirigente tenía una orden judicial de entrega de pasaportes en Brasil, pero no registraba una alerta de captura de Interpol.
Esa diferencia resulta importante para la investigación: las denuncias cuestionan la posible colaboración de funcionarios argentinos, pero el ingreso al país no constituye por sí mismo una prueba de delito.
El operativo de seguridad bajo la lupa
Las presentaciones judiciales apuntan a determinar si hubo una organización estatal para asistir al excandidato durante su permanencia en Argentina.
Entre los elementos mencionados se encuentran vehículos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y una combi con patente diplomática argentina que habría sido utilizada para su traslado.
El dirigente Gabriel Solano pidió investigar si existió utilización indebida de recursos públicos.
Esteban Paulón, por su parte, puso el foco en el papel que habría desempeñado Santiago Caputo, señalado en versiones periodísticas como uno de los posibles organizadores del operativo.
La diputada Marcela Pagano solicitó que se analicen los registros de ingreso, las cámaras de seguridad y las actuaciones de los organismos de control fronterizo.
Un vuelo privado de unos 140.000 dólares
Otro de los interrogantes está relacionado con el avión privado que esperaba en Puerto Iguazú.
La aeronave, perteneciente a la empresa Baires Fly, había llegado desde Aeroparque y permaneció más de un día en el aeropuerto misionero.
Las denuncias buscan establecer quién contrató el servicio, quién asumió su costo y qué gestiones se realizaron para concretar el viaje.
De acuerdo con la información publicada por Página/12, el valor del vuelo habría rondado los 140.000 dólares, aunque ese monto y su financiamiento deben ser esclarecidos.
Los escritos también mencionan a Sergio Mastropietro, empresario vinculado con la compañía aérea y procesado en otra investigación judicial por presuntas maniobras relacionadas con la Agencia Nacional de Discapacidad.
Tres denuncias en dos jurisdicciones
Los expedientes se tramitan en distintos tribunales federales.
Las presentaciones de Solano y Paulón ingresaron en Comodoro Py, mientras que la de Pagano fue radicada en Misiones.
La jueza María Eugenia Capuchetti ya solicitó la intervención de la fiscal Paloma Ochoa para evaluar el impulso de la investigación correspondiente a la denuncia de Solano.
En tanto, el expediente presentado por Pagano quedó bajo la órbita del juez federal de Puerto Iguazú, Marcelo Cardoso.
El punto central que deberá esclarecer la Justicia es si existió una asistencia irregular de funcionarios argentinos a Flávio Bolsonaro o si los procedimientos migratorios y de seguridad se ajustaron a la normativa vigente.
La investigación también podría determinar si se utilizaron recursos públicos y quiénes tomaron las decisiones vinculadas con el traslado del dirigente brasileño.
