La llegada de Starlink a Argentina puede marcar un hito en la conectividad del país, prometiendo acceso a internet de alta velocidad en zonas remotas gracias a la red de satélites de SpaceX. Sin embargo, esta innovación quedó en medio de una controversia porque el presidente Javier Milei está siendo duramente criticado por su interacción en redes sociales con la empresa, lo que está suscitando un debate sobre la ética en el ejercicio de la función pública.

La constelación de Starlink, compuesta por más de 5.500 satélites de baja órbita, promete velocidades de internet promedio de 200 Mbps. Esto representa una significativa mejora respecto a la situación actual del país, donde según el último CABASE Internet Index, casi el 11% de los hogares cuenta con una velocidad de conexión inferior a los 6 Mbps, mientras que el 47% supera los 50 Mbps.

Los argentinos podrán adquirir el kit de internet Starlink directamente desde el sitio web de la compañía o a través de retailers autorizados, como Mercado Libre, Frávega y Cetrogar, que podrían ofrecer pagos en cuotas. Será el primer país donde se lanzaría simultáneamente la venta online y física. El proceso de compra y configuración estaría diseñado para ser lo más sencillo posible. El usuario podrá elegir su plan de internet desde una aplicación en español y acceder a soporte al cliente en su idioma natal.

El entusiasmo por esta tecnología se está viendo opacado por las acciones del presidente Milei en Twitter. Al dar «me gusta» a una publicación de Starlink, se ha planteado la cuestión de si infringió la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

El artículo 13 de dicha ley prohíbe a los funcionarios públicos prestar servicios a empresas concesionarias o proveedoras del Estado, en casos donde exista competencia funcional directa.

Si bien la llegada de Starlink a Argentina conlleva un avance significativo en términos de tecnología y conectividad, también debería ser imperativo que los líderes políticos mantengan una conducta que respete los principios éticos y legales, asegurando que la innovación y el progreso no se vean empañados por cuestionamientos éticos o sospecha de «favoritismo estatal».