El Gobierno Nacional viene desarmando una serie de medidas añosas que tienen un solo objetivo: que los Estados locales puedan cobrar sus tasas municipales. La medida, firmada por Darío Arrué, interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), estableció que “corresponde dejar sin efecto toda autorización que haya sido otorgada por este ente, en orden a que se incluya en las facturas que emiten Edenor S.A. y Edesur S.A. conceptos a cobrar ajenos a dicho servicio de carácter federal”. Hasta entonces, las distribuidoras podían cobrar servicios adicionales, como las cuotas de seguros de vida o créditos personales.

La normativa se ampara en la resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, publicada hace casi un mes, que estipulaba que toda información contenida en las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios debía referirse exclusivamente al bien o servicio contratado. Por ende, no podía incluirse ninguna suma o concepto que no estuviera directamente relacionado con el producto o servicio ofrecido.

En los últimos años, se volvió una práctica común que en las boletas de electricidad se incluya el cobro de otros servicios, como el pago de seguros de vida o créditos. De este modo, quedaron prohibidas todas las tasas que se cobran de manera directa a los usuarios y que no tienen relación con el consumo del bien o servicio adquirido.

Sin embargo, varios intendentes ya obtuvieron fallos a favor en la Justicia, para seguir cobrando las tasas. El último favoreció a julio Zamora, en Tigre, quien podrá recaudar tasas (que incluye el alumbrado de la vía pública y de los edificios municipales) en las boletas de Edenor y de Naturgy BAN.

En términos legales, lo que resolvió hacer el ENRE es derogar todas aquellas autorizaciones que había otorgado para permitirle a las empresas que incluyan conceptos ajenos a su servicio en la factura. El texto cita tres de esos permisos que datan de los años 90 en los que establecieron condiciones para poner en la boleta la tasa de alumbrado público municipal.

Habrá que ver cómo responden los intendentes del conurbano bonaerense a esta decisión que intenta ser el golpe definitivo a gran parte de su recaudación. También hay que esperar la respuesta de las distribuidoras que deben adecuarse a las nuevas condiciones para no exponerse a multas.