Unos tres meses después de la sanción de la Ley Bases, uno de sus capítulos más importantes empieza a funcionar. Se trata del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) al que apuesta el Gobierno Nacional para recuperar la actividad económica que derrumbó.

Mediante la publicación del decreto 940/2024, el Ejecutivo oficializó algunas precisiones técnicas del régimen para mejorar la comprensión y aplicación del sistema. Estas modificaciones están relacionadas con el circuito administrativo para los que están en condiciones de presentarse y los aspectos que deben tener en cuenta para no incurrir en un incumplimiento.

Según informó el Gobierno Nacional, desde hoy las empresas interesadas pueden postular sus proyectos de inversión a través de una plataforma virtual de trámites a distancia. Una vez que ingresa una propuesta, las autoridades tienen un plazo de 45 días para aprobar la adhesión al RIGI o descartarla.

De acuerdo con las sucesivas reglamentaciones que fue publicando el gobierno libertario, la comisión evaluadora está integrada por Jefatura de Gabinete y 5 secretarías del Ministerio de Economía (Energía y Minería, Producción, Hacienda, Finanzas y Industria y Comercio). De acuerdo con la letra chica del régimen, la decisión final la tomará Luis Caputo.

El Gobierno Nacional apuesta a este generoso régimen para fomentar mega inversiones y reactivar la actividad económica. Habrá que ver si lo logran ya que, según dijo el propio Milei «las grandes inversiones no van a llegar a las provincias que no adhieran al RIGI».

Efectivamente, al día de hoy solo 6 Estados subnacionales (Rio Negro, Chubut, Mendoza, San Juan, Salta y Córdoba) adhirieron formalmente al RIGI. En Buenos Aires, la Legislatura no trató el tema, pero sí le dio media sanción a un régimen propio ideado por la gestión de Axel Kicillof. Las jurisdicciones que se sumaron ofrecen beneficios impositivos adicionales a los de Nación.