El Gobierno anunció que llevará a la Justicia a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) por las recientes asambleas sorpresivas realizadas por los trabajadores de Intercargo en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. La denuncia incluirá cargos de «abandono de personas, intimidación pública y bloqueo» debido al caos provocado, que dejó a cientos de pasajeros varados y atrapados en los aviones durante horas.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, manifestó con firmeza la posición del Gobierno, afirmando que “hay personas de rehén, con ataques de pánico y descompuestas, familias que estuvieron encerradas durante horas por culpa del delirio terrorista sindical. Un terrorismo sindical que, para evitar perder privilegios, busca poner en jaque el sistema aerocomercial de la Argentina”. También aseguró que se actuará con rigor: “El que las hace, las paga”.

Según explicó Adorni, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tuvo que trabajar para “rescatar a aproximadamente 1.500 pasajeros que fueron secuestrados por empleados de Intercargo en 10 aviones de JetSmart y Flybondi”, y señaló que cuentan con el apoyo de refuerzos de Gendarmería y Prefectura.

La protesta sindical se originó en respuesta al despido de un empleado de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de rampa para aerolíneas como Flybondi, JetSmart y otras compañías extranjeras. Aunque la medida afectó vuelos de varias aerolíneas, Aerolíneas Argentinas no sufrió cancelaciones, ya que no depende del servicio de Intercargo.