La pesquisa judicial en torno al asesinato de Nancy Godoy, docente rural de 52 años, sigue su curso tras el hallazgo del cuerpo el pasado 28 de octubre en Corrientes. El abogado de la familia, Sergio Briend, declaró que los recientes informes forenses evidenciaron una violencia extrema en el crimen, calificándolo como un «acto de absoluto salvajismo».

La autopsia reveló heridas punzocortantes distribuidas en la cara, cuello, abdomen, brazos y piernas, acompañadas de mutilaciones, entre ellas la amputación de la mano izquierda, y signos que indican que la víctima intentó defenderse durante el ataque. Este conjunto de hallazgos sorprendió incluso a los especialistas, resaltó Briend, tras la reunión con fiscales y el equipo forense en la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina.

Avances en la investigación y responsabilidades

El abogado confirmó que se presume la participación de más de una persona en el crimen y no descartó la posibilidad de que Nancy Godoy haya sido sometida a torturas. La causa está a cargo de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, quienes trabajan bajo la línea investigativa del femicidio. En este marco, se aplican protocolos específicos para evaluar un eventual abuso sexual, aunque el avanzado estado de descomposición del cuerpo condiciona el análisis inicial.

Además, se continúa con el estudio de muestras biológicas y material genético que podrían aportar información clave para determinar responsabilidades. A la vez, se mantienen cinco personas detenidas con prisión preventiva, entre ellas el capataz de la estancia El Curupí, dos imputados por femicidio, una mujer acusada por homicidio simple y un peón rural investigado por falso testimonio.

Contexto y gestión comunitaria

Nancy Godoy fue encontrada en un potrero semisumergida a 2,5 kilómetros de la Escuela Rural N° 626, donde se desempeñaba como directora suplente. La docente había desaparecido el 7 de octubre, y sus familiares radicaron la denuncia una semana más tarde. Próxima a esta situación, las autoridades provinciales iniciaron medidas de revisión y reorganización en escuelas rurales, destinada a fortalecer la seguridad y el acompañamiento comunitario.

El caso demandará del trabajo coordinado entre la justicia, la comunidad educativa y las fuerzas de seguridad para garantizar una respuesta eficaz. Desde un enfoque pragmático, se destaca la necesidad de mantener un equilibrio entre la búsqueda de justicia para la familia y el respeto por las garantías procesales de los involucrados.