Una denuncia presentada por el diputado Rodolfo Tailhade señala un presunto esquema de lavado de activos vinculado a compras irregulares durante la cumbre del G20 de 2018 y a la expansión comercial del hijo de la exministra de Seguridad.

Un nuevo escándalo de corrupción vuelve a colocar a Patricia Bullrich en el centro de la escena judicial. El diputado nacional Rodolfo Tailhade presentó una denuncia en la que acusa a la exministra de Seguridad de haber encabezado un presunto esquema de lavado de activos, a partir de fondos generados por contrataciones irregulares durante la organización de la cumbre del G20 realizada en Argentina en 2018.

Según la acusación, el Ministerio de Seguridad utilizó el millonario presupuesto destinado al equipamiento del operativo del G20 para realizar compras directas fraudulentas, eludiendo los controles estatales. La operatoria habría quedado habilitada mediante un acta acuerdo firmada el 16 de febrero de 2018, que autorizó al menos ocho contrataciones con un patrón común: sobreprecios, entregas fuera de término y direccionamiento hacia empresas determinadas.

Entre los ejemplos mencionados en la denuncia figura un presunto sobreprecio de 300.000 dólares en la compra de chalecos antibalas a la firma Antaj SRL, así como la adquisición de ambulancias y furgones por un total de 2,1 millones de dólares que habrían sido entregados más de seis meses después de finalizado el evento, sin que se aplicaran sanciones por incumplimiento contractual.

La segunda etapa del supuesto esquema estaría vinculada al crecimiento acelerado de los negocios de Francisco Langieri Bullrich, hijo de la exministra. La denuncia pone el foco en la cadena “Tostado Café Club”, de la cual Langieri Bullrich adquirió el 95% de las acciones en 2016, cuando la firma contaba con un solo local. En pocos años, la empresa se expandió hasta superar los 50 establecimientos en distintos países, un crecimiento que, según Tailhade, no estaría debidamente justificado desde el punto de vista financiero.

El escrito judicial también menciona inconsistencias en la declaración jurada presentada por Langieri Bullrich en 2018, donde habría incorporado 171.500 dólares bajo el concepto de “venta de activos”, sin detallar el origen de esos fondos. Además, se señala la relación con Juan Ignacio Onel, exdirector de Compras y Contrataciones del Ministerio de Seguridad, quien tras dejar su cargo pasó a desempeñarse como socio gerente de Beta Connect, una empresa creada en marzo de 2018, apenas un mes después de las contrataciones cuestionadas. Según la denuncia, el verdadero control de esa firma correspondería al hijo de Bullrich.

Para Tailhade, el conjunto de estos elementos configura indicios suficientes de una estructura destinada a generar fondos ilícitos a partir del Estado y luego blanquearlos mediante la expansión de emprendimientos privados vinculados al entorno familiar de la exministra. La presentación se incorporará a la causa judicial 3578/24, en la que ya se investiga a Patricia Bullrich por lavado de activos.

La denuncia también subraya que, pese a la gravedad de las irregularidades señaladas, varios de los funcionarios involucrados en las compras del G20 no enfrentaron consecuencias judiciales y, en al menos cinco casos, regresaron a ocupar cargos en la actual gestión nacional.