El Gobierno nacional confirmó este miércoles una fuerte reestructuración en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que pasará a tener rango de Subsecretaría y sufrirá un recorte del 40% en su estructura y del 30% en su planta de personal.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien detalló que la decisión fue tomada por el Ministerio de Justicia y que generará, según estimaciones oficiales, un ahorro de 9.000 millones de pesos al año. La medida incluye despidos masivos y una reorganización que, según las autoridades, busca “garantizar todos los derechos humanos”.

En su argumentación, Adorni cuestionó duramente el rol que venía cumpliendo el organismo, al que acusó de haber estado “dedicado a defender un sector ideológico partidario”. La frase generó fuerte rechazo entre referentes de organismos de derechos humanos y sectores sociales que interpretan la decisión como una clara señal de retroceso institucional.

Con este recorte, el Gobierno elimina uno de los espacios históricos más relevantes en materia de memoria, verdad y justicia, pilares fundamentales en la reconstrucción democrática de la Argentina desde 1983. La medida se enmarca en un proceso de desmantelamiento de políticas públicas vinculadas a los derechos fundamentales, que se suma a otros cierres y despidos en distintas áreas del Estado.

Para muchos, degradar el rango del área de Derechos Humanos y reducir su alcance operativo no solo implica una cuestión presupuestaria, sino una decisión política que marca una posición frente a una historia reciente atravesada por el terrorismo de Estado, la impunidad y la lucha por la justicia.

Diversas organizaciones ya anticiparon que se movilizarán para rechazar esta decisión, que consideran una afrenta directa a décadas de lucha en defensa de los derechos humanos.