Una comisaria retirada y una oficial de la Policía Federal comparecen ante la Justicia por el préstamo de 100 mil dólares al jefe de Gabinete. La causa por presunto enriquecimiento ilícito suma nuevas dudas sobre el origen de los fondos.
La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó este lunes un nuevo capítulo con la declaración de las mujeres que le otorgaron un préstamo de 100 mil dólares a través de una hipoteca privada.
Se trata de la comisaria retirada Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija, la oficial Victoria María José Cancio, quienes se presentaron ante el fiscal Gerardo Pollicita en los tribunales de Comodoro Py.
Un préstamo bajo sospecha
Ambas mujeres figuran como acreedoras del funcionario en una operación de financiamiento “no bancaria” por 100 mil dólares, respaldada con una hipoteca sobre un departamento ubicado en Parque Chacabuco.
Según consta en la causa, Molina aportó 85 mil dólares y su hija los 15 mil restantes. El acuerdo incluyó una tasa de interés del 11% anual y un esquema de pagos en cuotas.
La operación quedó bajo la lupa judicial en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
El rol de la escribana
La escribana Adriana Nechevenko confirmó que fue ella quien vinculó a las prestamistas con Adorni para concretar la operación.
Además, defendió la legalidad del mecanismo utilizado y aseguró que se trató de una práctica habitual dentro del mercado inmobiliario, negando irregularidades.
Otras operaciones cuestionadas
La causa también analiza la compra de otro departamento en la calle Miró, en Caballito, que habría sido adquirido con un anticipo de 30 mil dólares y el compromiso de pago de otros 200 mil sin interés.
Por esa operación deberán declarar las vendedoras en los próximos días, así como otros involucrados en la transacción.
Respaldo político en medio del escándalo
Mientras avanza la investigación, el funcionario continúa mostrando respaldo dentro del Gobierno.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participó junto a Adorni en actividades oficiales, en un gesto de apoyo en medio de las denuncias.
El expediente sigue sumando testimonios y documentación clave para determinar si existieron inconsistencias entre los ingresos declarados por el jefe de Gabinete y su patrimonio.
