Durante una reunión de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, la diputada Florencia Carignano (Unión por la Patria) denunció “maniobras turbias” en el proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA). La legisladora cuestionó la decisión del titular del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), Roberto Villamonte, de autoexcluirse de la valuación de los activos de las centrales nucleares.

La controversia se profundizó tras conocerse que el TTN envió una nota señalando que no está en condiciones de realizar tasaciones que incluyan activos financieros o intangibles, y recomendó delegar el proceso en un banco público. Para legisladoras como Ana María Ianni, esta decisión podría facilitar una valuación “a precio vil”, similar a prácticas señaladas en procesos privatizadores de los años ’90.

La inquietud creció luego de que se recordara que el propio TTN había realizado tasaciones de Atucha I y Atucha II en 2015 y 2017, lo que genera dudas sobre los argumentos actuales para apartarse. Según especialistas citados en el Congreso, las centrales administradas por NA-SA tendrían un valor cercano a los USD 13.000 millones, mientras que el Gobierno buscaría tasar el 44% de las acciones en torno a USD 1.000 millones, una diferencia calificada como “alarmante”.

La Bicameral también expresó preocupación por la falta de información enviada por el Poder Ejecutivo. De los pedidos formales sobre 8 empresas estatales en proceso de privatización o transformación, solo se respondieron datos de 5 compañías. La situación se enmarca en el debate por la aplicación de la Ley de Bases, que habilita la venta de empresas estratégicas, entre ellas NA-SA.

En paralelo, la comisión reclamó precisiones sobre otras entidades estatales, entre ellas Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Banco Nación, Fabricaciones Militares, RTA, Ferrocarriles Argentinos y distintos entes reguladores, cuya estructura y rol aún no fueron clarificados en el marco del proceso privatizador.