A pesar de haber sido condenado por delitos financieros y apartado de sus funciones por el propio papa Francisco, el cardenal Giovanni Ángelo Becciu insiste en que aún tiene derecho a participar del próximo cónclave que elegirá al sucesor del Pontífice.

Becciu fue removido en 2020 por orden del Papa, quien le exigió renunciar a sus derechos y privilegios cardenalicios tras quedar involucrado en maniobras económicas irregulares. En 2023, el tribunal penal del Vaticano lo sentenció a cinco años y medio de prisión por malversación de fondos y fraude, convirtiéndose así en el primer cardenal en recibir una condena de este tipo. Sin embargo, el fallo fue apelado y la causa aún está en trámite.

En declaraciones al diario Unione Sarda, Becciu aseguró que “no hubo una voluntad explícita de excluirlo del cónclave” ni una renuncia formal a su título de cardenal. Por eso, sostiene que sus prerrogativas están vigentes y que podría ingresar a la Capilla Sixtina para emitir su voto si fuera convocado.

La participación de Becciu será uno de los puntos a tratar en las congregaciones generales de cardenales previas al cónclave. La decisión final recaerá en el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, y el secretario de Estado, Pietro Parolin, quienes oficiarán de autoridades del proceso.

Aunque fue catalogado como “no elector” por la Santa Sede, Becciu aún no ha cumplido los 80 años —edad límite para votar— y figura entre los 135 cardenales actualmente habilitados para elegir al próximo Papa.

Durante su gestión en la Santa Sede, Becciu ocupó puestos clave, como el de sustituto en la Secretaría de Estado y luego al frente de la congregación para la canonización de santos. Su condena incluyó operaciones millonarias como la compra de un edificio en Londres y transferencias por 125.000 euros a una organización de su provincia natal, vinculada a su familia.