A partir de enero de 2024, los senadores nacionales percibirán $9,5 millones mensuales como parte de un nuevo ajuste en sus dietas, vinculado al sistema de actualización automática que rige para el personal legislativo. Este incremento se da en un contexto de alta inflación y crisis económica, donde las remuneraciones de la mayoría de los trabajadores muestran un retroceso frente al alza de los precios.

El aumento se debe a la Ley de Enganche, que asocia los salarios de los legisladores a los de los empleados del Congreso, garantizando que los primeros reciban ajustes salariales de manera proporcional. En 2023, el congelamiento de dietas mantuvo los sueldos legislativos sin modificaciones durante el segundo semestre, pero dicha medida caducará el 31 de diciembre, habilitando el nuevo incremento.

Durante una conferencia de prensa, la vicepresidenta del Senado, Victoria Villarruel, comentó que intentó incluir en la agenda legislativa una propuesta para prorrogar el congelamiento, pero la iniciativa no avanzó. “Espero que los senadores lo traten. No soy quien toma las decisiones”, expresó. Sin embargo, no se logró consenso entre los jefes de bloque para discutir esta medida.

El aumento reaviva un debate sobre la desconexión entre los salarios legislativos y la situación económica de los argentinos. Si bien la actualización de las dietas está regulada por ley, su elevado monto genera —altos— cuestionamientos sobre la capacidad de los legisladores de responder a las “demandas de austeridad” en este momento.

Organismos sociales y sectores de la oposición han señalado que los ingresos de los senadores, significativamente superiores al promedio salarial nacional, refuerzan una percepción de distanciamiento entre la dirigencia política y las necesidades del país.